La intención de la carta -aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación «para imprimirle al cuerpo un carácter federal»- pone por sí sola de manifiesto el profundo desconocimiento de los gobernadores del sistema político del que sus provincias forman parte.
El gobernador Sáenz aumentó el número de jueces en el máximo tribunal de justicia de Salta, por razones de «paridad de género» y no por falta de «federalismo».
Pero ¿en qué consiste eso de «imprimirle carácter federal» a la Corte de Justicia? ¿Que haya jueces nacidos en otros lugares que no sean la ciudad de Buenos Aires? ¿Que la sede del tribunal se traslade a la ciudad de San Luis? ¿Que sus sentencias, así como deben tener «mirada de género» tengan también «mirada federal»? Nadie lo sabe con certeza.
Si el sistema federal que nos rige tolera (y en algún caso, estimula) la recaudación centralizada de los recursos fiscales es porque las provincias han consentido esta deformación constitucional y porque si la recaudación de los impuestos directos más importantes volviera a las provincias, muchas provincias dejarían de existir.
Si el sistema federal que nos hemos dado hace que la distribución de los recursos fiscales recaudados de forma centralizada dependa de complejas negociaciones (más que de normas estables y transparentes) es porque el federalismo se negocia. Es decir, sucede exactamente al contrario de lo que dicen los gobernadores en su carta.
Y si de autogobierno hablamos, pretender que el Estado central subsidie (el transporte, el combustible, los alimentos) comporta negar la autonomía y entender el federalismo al revés de lo que realmente es.
Los gobernadores hablan en su carta de «nuestro federalismo», pero el federalismo no es de ellos ni de las provincias que representan. Es de todo el conjunto del país, incluido -especialmente- el Estado federal.
Decir: «nosotros vamos a defender a nuestras provincias» y quejarse porque «recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan» es contradictorio. Nadie defiende ni a las provincias ni al federalismo pidiendo «más subsidios».
Finalmente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, injustamente presionados por esta insólita y pésimamente escrita comunicación de los gobernadores, si algo tienen claro es que el federalismo sí se negocia.
Soltar al aire una amenaza del tipo «deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos» solo se entiende en el contexto de la extraordinaria renuncia moral de la política argentina, en la que nadie es responsable de lo que hace -especialmente si sus acciones provocan perjuicios a otros- empezando por los gobernadores que creen que amenazando a los más altos jueces de la Nación ellos están cumpliendo escrupulosamente con la Ley y con la Constitución.
