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  • Una mala justificación
  • Hasta que el Jefe de Gabinete del gobierno nacional argentino, Manuel Adorni, no abrió la boca, casi nadie sabía que en nuestro ordenamiento penal había «delitos de adulto».
Imagen ilustrativa
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Por pura lógica, habría que pensar entonces que también existe una extraña categoría de «delitos infantiles», cuya existencia ignoraba.



Si miramos el asunto desde el lado de la inimputabilidad, debería haber también «delitos de personas sanas» y «delitos de enajenados mentales». Sin embargo, no los hay, que yo sepa.

Cualquiera sea la capacidad de discernimiento del agente, los tipos penales son los que son, con independencia de que sus autores sean o no punibles.

Me explico un poco mejor: Un homicidio es un homicidio, así lo cometa una persona de 45 años de edad o lo haga una de 15. Matar no es una «conducta de adulto»; al menos eso es lo que nos enseña el quinto mandamiento, que no hace ninguna distinción.

Supongamos ahora que la idea del gobierno fuese la de castigar con la cárcel los delitos cometidos por aquellas personas que no son capaces de comprender la criminalidad de sus actos, a causa de insuficiencia de facultades, alteraciones morbosas de las mismas, inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables.

En tal caso, Adorni nos dirá también que la sociedad en la que vivimos será más justa y más segura si las personas que tienen sus facultades mentales alteradas, en vez de ser encerradas en un manicomio (esa es la expresión que utiliza el art. 34 del CP), son sometidas al régimen penitenciario común de las «personas sanas». Es decir, que deben hacerse cargo del daño que han provocado.

Lo que yo me pregunto es si una medida de tal naturaleza va a mejorar, sea en general o en particular, la situación de las personas que padecen enfermedad mental.

Al contrario, creo yo que es muy posible que el ingreso en prisión de una persona enferma y su sometimiento a un régimen penitenciario común agudicen su enfermedad hasta volver a esa persona irrecuperable para la vida en sociedad.

Algo muy parecido sucede con la infancia.

Desde luego que se puede rebajar la edad de inimputabilidad de los menores de edad y se puede justificar la rebaja por muchas razones.

Pero justificarla en una arbitraria y extravagante distinción entre «delitos de adulto» y «delitos infantiles» es la mejor forma de asegurarse de que la reforma fracase en muy poco tiempo y que ni siquiera alcance a aplacar la sed vindicativa de los partidarios del populismo punitivo.



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