Una de las grandes conquistas del pensamiento moderno –del que derivan las democracias liberales– es que cuando se produjo la Gran Revolución, Dios dejó de ser la razón y el fin que se encuentran detrás de la organización política de las sociedades humanas. A partir de aquel momento, serían ya las personas, a través de instituciones sometidas a la racionalidad legal, las llamadas a asumir la responsabilidad de todo lo que salía bien o mal.
El peligro de este enfoque es que así como pueden decidir «divinamente» el devenir de uno, pueden hacerlo con el de todos.
Por mor de estas marionetas de la ideología, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta, ha pasado de ser un órgano productor de normas administrativas menores, a convertirse en una teocracia antropomorfizada.
Algunos concejales parecen atenazados por un incurable complejo de inferioridad, pues no soportan que los discursos ultrafilosóficos que pronuncian desde esos pupitres que parecen de cuarto grado se traduzcan en normas obligatorias que casi nadie cumple.
El fundamento del poder que ejerce este cuerpo municipal se ha vuelto absoluto y trascendente, como lo era en época de los faraones del antiguo Egipto o la de los príncipes medievales. El delirio místico de algunos concejales nos ha hecho retroceder unos cuantos siglos. Tantos como hayan sido necesarios para borrar de la historia al Virrey Toledo, por ejemplo.
El «caso López» no solo ha servido para sacar a la luz las «chanchadas» de un concejal, sino también la aguda debilidad mental de otros. Y esto último es peor que lo primero, porque lo que no se puede permitir la democracia es que las instituciones se muevan y reaccionen por unos instintos tan elementales como los que pretende reprimir por inmorales.
Desgraciadamente, la vigente Carta Municipal de la Municipalidad de Salta solo prevé como motivo de exclusión de los concejales la «incapacidad física o moral sobreviniente». Nada dice, sin embargo, acerca de la incapacidad mental, que es probablemente más perniciosa e invalidante que cualquiera de las dos anteriores.
Si el artículo 19 de la Carta permitiera expulsar a los concejales por incapacidad mental, esta es la hora que deberían convocarse nuevas elecciones porque no quedarían concejales suficientes para dar quorum y para llenar los infantiles banquitos de su recinto.
La ideología –especialmente cuando es rígida y dogmática– es una forma peculiar de trastorno mental. Cuando esta ideología se practica sin desmayo, a todas horas; cuando sus cultores (o sus esclavos) trabajan febrilmente para cerrar las sociedades (en lugar de abrirlas), cuando impiden a las personas disfrutar y celebrar la diversidad y se empeñan en resentirla, estamos ante un caso clavado de incapacidad mental de etiología ideológica.
Las marionetas municipales de la ideología nos invitan todos los días a convivir con miedo los unos de otros; nos presentan a nuestros conciudadanos como competidores o rivales potenciales y enarbolan la bandera del odio, de la exclusión y de la revancha, porque no encuentran una razón significativamente feliz para vivir juntos. Para ellos, todo es lucha, fricción, desgaste y «victoria».
