Los inquisidores municipales –con el señor Gustavo Farquharson a la cabeza– han citado a López para que comparezca ante ellos el próximo martes. Esperan que el concejal dimitido «dé explicaciones», que suelte su filosa lengua y que aporte «su versión de los hechos», como si ellos –los inquisidores– fueran un tribunal y López un reo de herejía que ha cometido un grave delito contra la fe.
Así como en el siglo XVI la inquisición incoaba procesos por «sodomía», en el siglo XXI el Concejo Deliberante de Salta ha abierto un proceso por «fellatio», nada muy diferente a lo que hacía el inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV, el célebre don Tomás de Torquemada.
En su obsesión inquisitorial, el Concejo Deliberante se ha dirigido al Ministerio Público Fiscal para que le remita «todas las actuaciones» relacionadas con la denuncia penal contra Pablo Emanuel López. Pretenden los concejales que una autoridad que tiene la obligación legal de asegurar el secreto las investigaciones frente a quienes no sean parte en el procedimiento (Art. 257 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta) les facilite toda la información sobre el caso.
Los vapores del arrebato moralista/republicano de los concejales les han nublado el entendimiento, hasta el punto de que, en su confusión soberana, piensan que todo el mundo está sometido a su altísima e indisputable autoridad.
En 1386, y tras nueve días de juicio en Falaise, Francia, la inquisición francesa declaró culpable del asesinato del bebé Jean Le Maux a una chancha. Eran las épocas en que la Iglesia juzgaba a los animales, lo cual no está muy lejos de que ocurra en Salta con los caballos sueltos en las rutas.
Como consecuencia del veredicto, la chancha fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte a pesar de que no había confesado frente a ningún cura.
Las «chanchadas» de López van por el mismo camino; un camino en el que todo indica que hay también varios caballos sueltos.
