A esta imagen arbitraria y apocalíptica de la segunda ciudad en importancia de la Provincia de Salta ha contribuido, de manera significativa, la irresponsable y superficial opinión de la Ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que recientemente ha dicho en las redes sociales que la cárcel de Orán es «refugio de delincuentes amenazadores y asesinos», y que a un preso peligroso -que al fin se ha conseguido sacar de ella- «se le acabó la joda».
Si esto fuese realmente así, si el oranense nació para eludir a la justicia poniendo tierra de por medio, la ciudad de Orán debería cambiar su ilustre nombre mediterráneo por el de Fugópolis, que le viene más apropiado, y dejar de adorar al bueno de San Ramón Nonato para venerar al ilusionista Houdini.
Según los fiscales, cometer un delito cualquiera en Orán -así sea de los menos peligrosos- aboca a cualquier persona a una prisión provisional segura e inevitable, ya que el solo hecho de tener los dos pies asentados sobre la ciudad casi fronteriza, hace suponer que la primera opción del recluso no es su defensa jurídica sino la fuga. Una especie de maldición geográfica eterna e inmodificable hace que las prisiones preventivas en Orán sean automáticas, punitivas y no meramente cautelares.
Lo peor es que estas prisiones provisorias no castigan un delito concreto sino la mera oranidad.
El abogado del preso puede decirle al juez: «Señoría, mi cliente tiene aquí arraigo de 50 años y además se desplaza en una silla de ruedas porque le faltan las dos piernas». Y el juez, al denegarle la excarcelación, dirá: «¡Ah, pero vive en Orán! Así que...».
Pero es que, con maldición o sin ella, los presos se fugan igual y no son hallados jamás. Este, sin embargo, no es un problema de los presos y mucho menos de la particular idiosincrasia de los oranenses, amantes de la libertad sin límites. La fugas ocurren generalmente por culpa de los jueces que autorizan las salidas de los reclusos sin tomar las precauciones necesarias y, en todo caso, por culpa de los policías y carceleros que no hacen bien su trabajo, en cárceles y comisarías saturadas e inadecuadas.
Groucho Marx decía, con razón, que la principal causa de divorcio es el matrimonio. Del mismo modo, la principal causa de las fugas es el encarcelamiento. Si no metiéramos a tanta gente tras las rejas, seguramente habría menos fugas.
Si la cárcel de Orán «es una joda» no es tanto por el espíritu festivo de los presos, sino probablemente por la pasión de jueces y fiscales por la prisión preventiva, que ejercen con denuedo y sin cortapisas, ni legales ni morales. Llenar la cárcel de personas sin condena, por miedo a que se fuguen y no ser encontrados jamás, es la mejor forma que de «la joda» se organice dentro del penal mucho mejor que fuera de él.
Pero lo que sin dudas hace pensar en Orán como el territorio antijurídico por antonomasia es la pasmosa quietud del Poder Judicial de Salta frente al descalabro institucional que supone que, en cuestión de pocas semanas, dos magistrados del mismo orden jurisdiccional hayan sido señalados por el dedo acusador de los fiscales como cómplices del crimen organizado.
No cabe esperar, por supuesto, que los altos jueces de Salta salgan a defender a los acusados; pero sí que defiendan la honorabilidad de la institución judicial, su apego a la ley y la regularidad de sus procedimientos.
Nadie sin embargo ha levantado una voz en este sentido, y, al no hacerlo, se ha hundido en la sospecha a decenas de magistrados probos, que hacen su trabajo en condiciones especialmente difíciles, y han colocado (innecesariamente) a los fiscales en un escalón moral superior al de los jueces, con todo lo que ello supone para la credibilidad de las instituciones y la eficacia de la autoridad que deben ejercer.
Si ser juez en Orán es hoy una profesión altamente desprestigiada y sospechosa, lo es más por el inexplicable silencio de quienes gobiernan el Poder Judicial en Salta, que por la conducta de dos manzanas podridas.
Si los jueces pueden equivocarse o, incluso, cometer tropelías, no hay nada que haga suponer que los fiscales no puedan hacer lo mismo. Al final, todos han estudiado lo mismo, se codean en los pasillos judiciales y han sido reclutados en la misma cantera sociológica. Jueces y fiscales no son dos instituciones en pugna, sino «cooperadores necesarios» en la aspiración de una justicia imparcial, independiente y apegada a la Ley.
Nuestro sistema institucional no tolera que desde las instituciones se venda la imagen de fiscales infalibles y honrados y, al mismo tiempo, de jueces débiles, venales, ineficientes y corruptos. Por eso, entre otras razones, es que no se puede menos que condenar el silencio de los altos jueces de Salta frente a la descalificación de la ministra Bullrich hacia el sistema judicial salteño en su conjunto.
