A los pocos días, la misma autoridad «confirma» que la intoxicación se produjo por monóxido de carbono y le echa la culpa a la empresa del gas.
La empresa que distribuye el gas en la ciudad de Salta niega la fuga de gas y, por tanto, niega que el gas que inyecta en sus tuberías sea la causa de las intoxicación. Para más inri, la empresa sugiere que los niños podrían haberse intoxicado en su casa, antes de ir a la escuela.
Un fiscal pide al Juez de Instrucción que clausure la escuela y da intervención al Asesor de Menores, ante la posibilidad de que los padres se duerman en los laureles y no hagan nada al respecto. Alega el fiscal «el interés superior de los niños». Podría haber agregado también, para reforzar su argumento, que estamos «en el mes de las infancias».
El mismo fiscal «ordena» la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de las oficinas especializadas en bromatología, tanto del gobierno provincial como de la Municipalidad de Salta.
El fiscal también «oficia» a la empresa Gasnor para que se expida sobre la probable fuga de gas.
Solo le faltó al fiscal solicitar la intervención del Vaticano a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y de la Liga Salteña de Fútbol.
Esta comedia de enredos tiene como trasfondo la eterna confusión de competencias entre diferentes áreas del Estado.
El fiscal solo puede intervenir de oficio cuando recibe notitia criminis, es decir, cuando se entera por otros conductos que no sean las denuncias de que se ha cometido un delito de acción pública. Lo que equivale a decir que el fiscal no puede subrogarse en las facultades privativas del gobierno, aun en el caso de que el gobierno dejara de hacer lo que le corresponde.
En ausencia de delito (o de sospecha de que pudiera haberse cometido uno) un Juez de Garantías no puede decretar la clausura cautelar de ninguna escuela, y, obviamente, tampoco un fiscal puede pedirla.
La competencia para clausurar, en caso de que se sospechara de que las condiciones del edificio representan un peligro para sus ocupantes es, claramente de la Municipalidad de Salta. El Ministerio de Educación del gobierno provincial -del que depende la escuela- no puede clausurar (con el alcance que normalmente tiene esta medida) sino que puede disponer el cierre el establecimiento y la suspensión de las clases, que son cosas distintas.
Corresponde al Ministerio de Educación investigar las causas de la intoxicación, a través de sus servicios administrativos. Puede, desde luego, requerir para ello el auxilio judicial en caso de que alguna persona u organización se negare a cooperar con la investigación.
Pero no al revés; es decir, no puede ponerse la justicia la investigación al hombro y pedir la colaboración del Ministerio (o de bromatología o de los bomberos), salvo -obviamente- que se hubiera cometido un delito cuya persecución entre en la esfera competencial de los fiscales provinciales.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el gas natural no es un elemento tóxico, pero dentro de los productos de su combustión se encuentra el monóxido de carbono, que sí lo es.
Por tanto, es un poco absurda la teoría de que la intoxicación proviene de la inhalación de gas natural.
Como suele suceder en Salta, se busca primero a los responsables y solo después se intenta reparar las consecuencias. Pero no todo vale en esta búsqueda. Cada uno debe cumplir con lo que corresponde y no transmitir a la ciudadanía la impresión de que los fiscales pueden meterse en todo y solucionar cualquier problema que se presente.
