A pesar de estas riadas incontroladas (la tinta, el vino y las aguas servidas), los ciudadanos se ven sacudidos todos los días por durísimas sentencias condenatorias (generalmente a pobres infelices) que se enfrentan al riesgo de ir a dar con sus huesos a la cárcel, por el pecado venial de haber puesto una uña dentro del cerco perimetral definido rigurosamente por una orden judicial de alejamiento.
En la misma audiencia, los representantes procesales del señor Jarsún han reconocido también que de los 8.000 m³ que cada hora ingresan para su tratamiento en la planta depuradora (¡si serán meones los salteños y las salteñas!), solo se pueden tratar 5.000 m³. Los 3.000 m³ que no disfrutan de esa suerte, salen de la planta por un by pass y van a parar directamente al río, desde donde reparten, no muy democráticamente, la salmonelosis y otras graves enfermedades.
Los letrados de los amparistas, Pedro Javier Arancibia y Julio Osvaldo Chávez sostienen que Jarsún no cumple con lo que en su día le ordenó el juez Ignacio Colombo, no porque no pueda sino más bien porque no le da la gana. Hay quien se siente por encima de la ley, y este parece ser el caso.
Sostienen además los abogados que Jarsún incumple con «una actitud burlesca» hacia la jurisdicción, o sea que se solaza mirando por la pantalla del celular cómo por sus caños de cemento siguen fluyendo los líquidos infectos que enferman a los salteños.
Ahora bien. Si a un ciudadano cualquiera que deja de observar un mandato judicial se le empapela inmediatamente por un presunto delito de desobediencia del artículo 249 del Código Penal argentino, y ello sin crear peligro ninguno y sin ofender más que al juez o a la jueza que ha dictado la medida, ¿cuál sería la situación judicial de quien se burla de las sentencias y, además, crea conscientemente un peligro grave para la salud pública?
Recordemos que durante la etapa más dura de la pandemia, hubo un ministro que encarcelaba a mansalva a personas por el solo hecho de respirar a través de una ventana.
Lo de las astreintes está muy bien, por supuesto, pero no parece del todo justo (a ustedes se lo decimos, señora Mosmann, señor Erazo Schmidt) que el flagrante incumplimiento del presidente de Aguas del Norte se resuelva solo con una multa procesal, por muy gorda que sea. Hay otros que, por mucho menos, se enfrentan a un proceso penal muy serio.
