Comienzo simbólico de la campaña electoral en Salta, tras meses de proselitismo encubierto

A pesar de que las normas vigentes establecen la prohibición de los actos y manifestaciones proselitistas con anterioridad a esta fecha, en Salta, la gran mayoría de candidatos y partidos han venido desarrollando una intensa campaña, gracias a la permisividad del Tribunal Electoral que se ha mostrado incapaz de hacer valer la autoridad que le ha conferido la ciudadanía a través de la ley para que defienda la transparencia y la equidad del proceso electoral.

El Tribunal Electoral de Salta, que tan puntilloso se muestra a la hora de registrar las candidaturas, tramitar las impugnaciones y contratar los carísimos servicios de la empresa que alquila las máquinas del voto electrónico y -se supone- se encarga del mantenimiento de un software que solo ellos conocen, se convierte en una estatua de sal cuando tiene que decirle a los candidatos que no pueden anunciarse -por ejemplo, en las marquesinas electrónicas de un estadio de fútbol- fuera del periodo legal de campaña, y más todavía, cuando tiene que apercibir al gobierno que pasea a sus candidatos en cuanta obra pública o acto oficial que hubiera disponible. Aunque alguien se moleste, se ve a la legua que al Tribunal Electoral de Salta le importa muy poco que los candidatos y partidos obtengan ventajas ilegales en una competencia que debería ser estrictamente igualitaria.

Las mismas fuerzas políticas que durante meses se han venido profiriendo insultos y descalificaciones del más variado gusto, ahora abogan porque la «campaña» transcurra sin agravios y sin fake news, lo que sugiere la idea de que el Tribunal Electoral, para las elecciones de 2025 debería contemplar un periodo de 9 meses, anterior al mes de campaña formal, para que los candidatos y las fuerzas políticas se dediquen a despellejarse, antes de entrar formalmente en el tramo de «campaña limpia».

Lo que comienza hoy es, por tanto, una mera formalidad, relacionada de algún modo con el dinero público que recibirán los partidos que tengan derecho a ello. Antes, candidatos, partidos, alianzas y espacios ya se habrán gastado enormes fortunas, sin que al Tribunal Electoral le interese saber -ni siquiera en nombre de los ciudadanos a los que deben servir- de dónde sale todo el dinero que financia a los candidatos, quién paga las heladeras y las motos que algunos sortean en sus mítines, quién y con qué tipo de dinero paga los anuncios en los partidos de fútbol, quién autoriza a que los candidatos regalen a sus simpatizantes las cajas de alimentos que todos los salteños pagan para asistir a los pobres sin distinción de afiliación política, y qué cantidad de dinero público encubierto se utiliza en el proselitismo de los candidatos del gobierno.

Todas estas irregularidades reciben en Salta el sanador nombre de «ingeniería de campaña», pero la mayor parte de estas acciones son ilegales y, algunas, probablemente también delictivas. Aun así, al Tribunal Electoral solo le interesa trabajar en el diseño de las pantallas y en cuestiones tan importantes para los derechos cívicos como esta.

En resumen, que la campaña electoral cuyo comienzo está señalado para hoy, no busca informar ni esclarecer al ciudadano, ni solventar sus dudas, sino solo cumplir formalmente con algo que se ha venido sistemáticamente incumpliendo desde hace por lo menos un año y que al Tribunal Electoral no inquieta en lo más mínimo.