Dice el gobierno que, con este permiso, son ya cinco los proyectos de litio en territorio de la Provincia de Salta que están en condiciones de operar.
El procedimiento contó, además, con la intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En medio de la polémica por las denuncias contra otras empresas por el incumplimiento de las normas que les obligan a emplear mano de obra local, el gobierno dice que la empresa que gestiona este proyecto en concreto emplea a 191 personas, el 90% de los cuales «proviene de la Provincia de Salta», lo cual no quiere decir que sean nativos o residentes.
Dice también que para 2024, la empresa planea contratar a otros 380 «colaboradores directos» (no los llama empleados) y generar más de 1.600 puestos de trabajo indirectos.
La comunicación del gobierno dice que esta empresa tiene una política de contratación de proveedores del primer anillo del área de influencia, en Olacapato y Pocitos, por lo que contribuye a fortalecer el trabajo con emprendedores de la puna y el desarrollo de las economías regionales.
La empresa ha suscrito un convenio con la Universidad Católica de Salta para establecer un «centro universitario virtual» y conceder becas a estudiantes «de las comunidades», dando a entender que si no se pertenece a ninguna de ellas, no se podrá estudiar en este centro.
Reforzando el perfil étnico del discurso empresarial, el gobierno dice que la empresa autorizada promueve iniciativas como «programas de capacitación para emprendedores en Olacapato y Pocitos, y soporte a proyectos de asistencia alimentaria, talleres textiles y huertas comunitarias, promoviendo la inclusión».
