Los señores Gustavo Sáenz, Gerardo Morales y Raúl Jalil han acudido a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y allí se han puesto de acuerdo en gravar las ganancias extraordinarias de las empresas que se dedican a la extracción del mineral de litio en sus territorios.
La información oficial del gobierno de Salta dice que la recaudación de este impuesto extraordinario -disfrazado detrás del inocente nombre de «aporte especial minero del litio», se destinará a infraestructura productiva, aunque la comunicación no aclara qué tipo de infraestructura va a financiar el nuevo impuesto, en qué sector y en qué cuantía.
Dicen también los gobernadores que sus políticas «buscan» que el 20 por cien de la producción del mineral «se destine a proyectos de agregado de valor en origen». La información oficial no dice sin embargo con qué argumentos o instrumentos normativos los gobiernos provinciales tienen previsto persuadir u obligar a las empresas a que transformen la materia prima in situ.
Los gobernadores también han acordado crear la subcomisión de industrialización y agregado de valor, que deberá constituirse -según el mismo instrumento- en un plazo de 10 días.
Un poco para llenar renglones, la información oficial dice que Sáenz, Morales y Jalil «ratificaron su compromiso para promover una estrategia de desarrollo sustentable, el uso eficiente de los recursos naturales, específicamente los mineros, la gestión integral sostenible del agua y propender al uso de las mejores tecnologías en el mercado», terrenos en los que apenas si han hecho nada, excepto escribirlo en un papel.
