Según la comunicación oficial del gobierno de Salta, los protocolos establecen lineamientos en materia ambiental, tributaria y de distribución de regalías, con el objeto de transformar la zona limítrofe entre las dos provincias en un espacio de cooperación estratégica y de ratificar las políticas de integración minera del Noroeste argentino.
Uno de los ejes fundamentales de los acuerdos firmados en San Juan es la creación del Comité de Gestión Interprovincial, conformado por representantes técnicos de ambas provincias, con carácter permanente. Este comité se encargará de efectuar el seguimiento del proyecto, facilitando el control ambiental, la cooperación administrativa y la fiscalización minera, a través de subcomisiones específicas que abordarán el análisis de los informes de impacto ambiental, la coordinación de trámites y el control operativo.
Además se acordó un esquema equitativo de distribución de regalías mineras, por el cual cada provincia percibirá el 50% de los recursos generados en el área compartida. Este mecanismo, sustentado en declaraciones juradas, controles técnicos y dispositivos de medición en planta, garantiza trazabilidad y transparencia, y será supervisado por una subcomisión interprovincial de regalías mineras.
En la misma línea, se establecieron reglas de coordinación tributaria, en especial sobre el impuesto a los Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos, aplicando criterios de distribución proporcional en el marco del convenio multilateral. También se prevé la creación de una subcomisión impositiva interprovincial, que velará por la implementación armónica de las disposiciones tributarias y la resolución de eventuales controversias.
