De las profundas líneas de aquel comunicado, surge sin apenas esfuerzo que la autoridad que debería tomar cartas en el asunto no es la del Ministerio Público Fiscal, sino la Dirección de Zoonosis, de la avenida Belgrano, que mediante auto motivado podría ordenar que los firmantes del corrosivo comunicado político se embarquen hacia el Malbrán, en el mismo vuelo en el que viajan los alacranes domésticos, pues a estos políticos deslenguados también se les puede extraer parte de su veneno para fabricar eficaces antídotos.
Ocurre que por no chequear la información, o por hablar de oídas (o por aquella leyenda urbana de que «en Salta todos son parientes»), los artrópodos antisáenz han atribuido una inexistente relación de parentesco entre una fiscal penal a cargo de una importante investigación y la esposa de un influyente funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz.
Los alacranes de dos patas denuncian (ese es el verbo que han usado) que la esposa del funcionario es prima de la fiscal, como si esto fuese mucho más grave que los delitos que se les investiga a ellos.
El comunicado afirma que mientras el funcionario en cuestión «denuncia falsamente» (lo cual es un delito), «su pariente» manda a allanar domicilios (no sabemos qué otra cosa se puede allanar), viola documentación privada y personal y de partidos políticos, correos electrónicos, bases de datos periodísticas y de partidos políticos, «como redes sociales con base de datos en sistemas interjurisdiccionales, todo ello de competencia de la justicia federal, con cual los funcionarios provinciales, cometieron delitos federales».
Lo primero y lo más interesante de todo es que la fiscal y la esposa del funcionario no son primas; ni siquiera son parientes. No se han visto la una a la otra ni en caja de fósforos. El único elemento que las vincula es el segundo apellido de ambas, que por otra parte es uno de los más frecuentes y comunes en Salta.
Lo segundo, y no menos preocupante, es que los antisaencistas nieguen que un fiscal penal tenga poder suficiente para examinar «documentación privada y personal». ¡Para eso justamente están los fiscales! Lo que debería preocupar no es esto sino que hubiera papeles, correos electrónicos o bases de datos totalmente opacas y blindadas al conocimiento de la Justicia. Quizá sea esto lo que les interese a los antisáenz.
Luego, si un fiscal provincial, por actuar sin competencia o mandar a registrar un domicilio sin derecho, comete un delito, bien sea de prevaricación, de omisión de deberes o incluso de corrupción, la competencia es de la justicia local y no de la federal. Es decir, no comete un «delito federal».
La competencia en materia de redes sociales
Párrafo aparte merece el reproche a la actuación fiscal sobre las «redes sociales con base de datos en sistemas interjurisdiccionales», que los antisáenz consideran que es de competencia de la justicia federal.En abril de 2024, es decir, hace solo ocho meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó la guía Plataformas digitales y competencia (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, E-mail) en la que distingue con la mayor claridad los casos muy puntuales en que la competencia corresponde a la justicia federal, que, por definición, es de naturaleza excepcional y restrictiva.
Los máximos jueces argentinos han dicho en sus sentencias que la competencia federal procede solamente cuando la actividad infractora, por sus características, puede afectar la prestación regular de los servicios de TIC -tecnologías de la información y las comunicaciones-, como puede ocurrir, por ejemplo, con la propagación o implantación de software malicioso u otro medio sofisticado capaz de vulnerar los sistemas predispuestos para garantizar la confidencialidad y el secreto de las comunicaciones. Y este, por supuesto, no es el caso.
Con mayor claridad aún han dicho que «no basta para excitar la jurisdicción federal la mera circunstancia de que el delito se cometa en el entorno de las redes de comunicación, sino que debe ocurrir además una real afectación al servicio de interés público tutelado».
En suma: Si lo que han querido los alacranes de dos patas con su comunicado es desacreditar a Gustavo Sáenz o algún miembro de su gobierno, lo más probable es que hayan logrado el efecto totalmente contrario. Esos errores tan clamorosos (los jurídicos y los genealógicos) alcanzan y sobran para aniquilar todo el documento.
Para que un fabricante serial de mentiras pase de la noche a la mañana a decir la verdad, se requieren dos cosas: una que se les haya aparecido la Virgen; otra, que les haya picado un alacrán y que les haya producido un daño neurológico irreversible.
La credibilidad no es algo que se pueda comprar en el Mercado San Miguel.
