Las luminosas oscuridades de la 'mesa' del litio

Me referiré en lo que sigue a la última reunión de la así denominada «mesa del litio», a cuyo alrededor se han sentado los gobernadores de las tres provincias productoras (Salta, Jujuy y Catamarca), bajo el auspicio del gobernador de esta última, que ha oficiado de anfitrión.

Evidentemente, no puedo hacer ninguna valoración de lo que se ha tratado o debatido en esa reunión, sino solo referirme a su contenido por lo que he leído en las crónicas periodísticas, muchas de las cuales están inspiradas (cuando no copiadas directamente) de la información que proporcionan a los medios los funcionarios del gobierno a cargo de las tareas de prensa.

Leo así en el diario El Tribuno de Salta el siguiente titular: «Litio: reclaman a las empresas que agreguen valor».

Un poco más abajo (en lo que en la jerga periodística argentina se llama «copete» y en otras latitudes «entradilla») se puede leer que «La Mesa de Litio expresó su preocupación de que las provincias no están participando de las ganancias».

Si me dejara llevar solo por el titular y la entradilla, seguramente me preguntaría en qué clase de sistema económico vivimos los salteños, los jujeños y los catamarqueños, pues, hasta dónde sé (y conste que sé poco) las decisiones sobre añadir o no valor a un determinado producto las adoptan las empresas y no los gobiernos.

En segundo lugar, ¿de qué ganancias tienen que participar las provincias? No me suena que en nuestro sistema de libre mercado los gobiernos deban percibir una parte de las ganancias o beneficios de una empresa de capitales privados, a menos que se entienda por «participación» el pago de impuestos o de cánones que están establecidos por ley.

Las ganancias o beneficios de las empresas se distribuyen entre sus accionistas (es decir, van a parar a manos de sus dueños) y en aquellos (pocos) sistemas laborales en donde está previsto, los trabajadores «participan» de las ganancias de sus empresas, generalmente en forma de aumentos en los salarios acordados en la negociación colectiva.

Mucho me temo que los gobernadores de las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy piensan en su fuero interior que ellos (o el Estado al que representan) son socios de las empresas inversoras extranjeras o de las nacionales encargadas por aquéllas de extraer el mineral. Esta idea, que impregna todo el razonamiento anterior, responde claramente a una concepción patrimonialista del Estado.

Pero yendo un poco más abajo de la noticia, descubro este párrafo: «Durante la reunión en la Mesa, presidida por Morales, se acordó la necesidad de instrumentar mecanismos para que las empresas productoras de litio asignen un porcentaje de dicha producción para la industrialización y el agregado de valor en la República Argentina, particularmente en las provincias productoras del recurso de cara al desafío de la electromovilidad y la necesidad de almacenamiento de energías renovables».

La cosa cambia un poco, pero no mucho, puesto que la noticia no da pistas (tampoco las dan los gobernadores) de cuáles van a ser los «mecanismos» para que las empresas productoras de litio asignen un porcentaje de dicha producción para la industrialización y el agregado de valor en la República Argentina.

Yo me pregunto (y me pregunto porque no lo sé) si a los que cosechan limones en Anta o porotos en Rosario de la Frontera se les obliga también a industrializar un «porcentaje» de lo que recogen en territorio nacional. Y si no fuera así, ¿por qué entonces obligar a las empresas que extraen litio?

¿Qué ocurriría si, una vez obligadas, las empresas decidieran industrializar una parte del litio en Tierra del Fuego? ¿Se sentirían satisfechos con esta decisión los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca?

Lo digo porque eso del «desafío de la electromovilidad y la necesidad de almacenamiento de energías renovables», que me suena a verso, está tan presente en Catamarca, en Newfoundland o en Perth. Es decir que, si este es el criterio del «valor añadido», las empresas, dentro de los confines de su «soberanía» industrializarán el litio en donde les resulte más barato, y no donde tres gobernadores ávidos de dinero se lo indiquen.

Beneficios & Company

Sobre el tema de los «beneficios», el desarrollo de la noticia es un poco más esclarecedor, pero no demasiado.

«Hemos planteado nuestra preocupación, toda vez que hay un aumento exorbitante en los precios del litio a nivel internacional, que eso no se compadece con la renta que están recibiendo las provincias letíferas, tema sobre el que vamos a hablar con las empresas de Jujuy, Salta y Catamarca», dicen que dijo el gobernador Morales durante el encuentro.

¿Se puede hablar de «aumento exorbitante» de un producto como el litio como si fuera el pan o la leche? ¿De qué órbita se sale el precio del litio? ¿Hay un precio «razonable» para este producto? Me gustaría que el gobernador Morales lo explicara.

Si las provincias «letíferas» ingresan (por impuestos, concesiones o lo que sea) un dinero insuficiente o que no guarda relación con el aumento del precio internacional, solo hay una explicación posible y es que a la hora de negociar los acuerdos que han permitido la instalación de empresas extranjeras en el territorio los gobiernos provinciales han sido tan miopes o tan ingenuos que no han previsto de ningún modo el aumento del precio, que hasta el campesino menos avispdo de la puna podía haber calculado. ¿Acaso no leen los diarios? Evidentemente, de esta falta de previsión no se le puede echar la culpa a las empresas sino únicamente a los gobernantes y sus entusiastas asesores en minería.

Pero también hay que preguntar ¿qué es lo que va a «hablar» Morales con las empresas? ¿Les va a decir «che, mirá que nos están pagando una miseria»?

No conozco el caso de Jujuy, pero en el de Salta, para atraer la inversión extranjera en este sector de la economía, el gobierno ha desplegado una estrategia suicida de exenciones tributarias, de modo que mal puede ahora aumentar los impuestos, que es lo que correspondería hacer.

Ahora resulta que, después de un tiempo nos enteramos que el litio no está dejando en Salta los «dividendos» que se esperaban y que prácticamente todo el mineral que se extrae en nuestro territorio se industrializa fuera del país, donde, por cierto, saben hacerlo mucho mejor y más barato.

¿Y tenemos que dirigir nuestras quejas a las empresas?