El líder del Partido Conservador está contra las cuerdas tras conocerse que en la residencia del número 10 de Downing Street, sede del gobierno británico, se celebraron por lo menos tres fiestas, cuando la normativa impuesta por el mismo gobierno impedía socializar en espacios interiores, mientras que en exteriores no se podían reunir más de seis personas.
Johnson ha pedido perdón a la reina, pero no por la posible infracción a las normas sanitarias, sino porque al menos una de esas fiestas -que duró hasta altas horas de la madrugada- se celebró en vísperas del funeral oficial por el Duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel, quien falleció el pasado 9 de abril de 2021.
Según el sitio web yougov.co.uk, el 56% de los ciudadanos británicos es de la opinión de que Johnson debe dimitir como Primer Ministro. Solo un 27% piensa que debe mantenerse en su puesto.
La situación que se ha producido en el Reino Unido no es muy diferente a la que se produjo cuando se conoció la noticia de que el cumpleaños de la esposa del presidente Alberto Fernández fue celebrado con una reunión de numerosas personas en la residencia presidencial de Olivos, el 14 de julio de 2020, fecha en la que los argentinos tenían rigurosamente prohibido salir de sus casas a causa de la pandemia.
El presidente Fernández no ha asumido, hasta el momento, ninguna responsabilidad política por este hecho, que en su momento fue profusamente documentado. Tampoco se ha sabido que el Presidente haya explicado los motivos por los que, durante el encierro decretado por su gobierno, la residencia presidencial se mantuvo abierta al entrenador de los perros de la pareja presidencial y a varias figuras del espectáculo, vinculadas con el kirchnerismo gobernante.
Se sabe, eso sí, que el presidente ha negado haber cometido un delito, a pesar de que sus decretos establecen claramente un castigo penal para quienes incumplan las medidas adoptadas por el gobierno con objeto de impedir el progreso de la epidemia, y que, de hecho, los tribunales de justicia han enviado a la cárcel (o agravado las condenas) a muchas personas que se han saltado las restricciones.
Es verdad que el Parlamento puede acabar con Johnson y que es más difícil para el Congreso argentino destituir al Presidente. Pero cualesquiera que sean las diferencias institucionales, ni Johnson ni Fernández tienen prohibido renunciar a sus cargos.
¿Qué ocurriría en la Argentina si, acorralado, el primer ministro Johnson resuelve dimitir y asumir su responsabilidad política? ¿Debería hacer lo mismo el presidente Fernández? Los hechos son prácticamente los mismos, con la pequeña diferencia de que el cumpleaños en Olivos se celebró en un momento en que las restricciones por motivos sanitarios eran muchísimo más fuertes que las impuestas en el Reino Unido cuando se celebraron las fiestas en el 10 de Downing Street.
Si el Parlamento resuelve quitar a Johnson su cargo, ¿qué debería hacer el Congreso argentino? Y, sobre todo, qué actitud debería asumir el presidente Fernández.
Como nunca antes, desde comienzos de junio de 1982, la suerte de un presidente argentino depende de lo que ocurra en el Reino Unido.
Evidentemente, los ciudadanos argentinos -tan legítimamente indignados como sus homólogos británicos- no pueden darse el lujo de mostrarse al resto del mundo como más permisivos o más indulgentes con sus propios gobernantes, y, en definitiva, menos civilizados, que los ingleses.
Si los hechos son los mismos y han desencadenado una reacción moral de la misma intensidad, es casi inevitable que las consecuencias políticas sean las mismas. Si Johnson consigue capear el temporal, Fernández podrá estar tranquilo. Pero si tiene que abandonar su cargo, las cosas para el Presidente argentino jamás volverán a ser como antes.
