Si bien esta reforma es imperiosa, por circunstancias que son bastante conocidas y que no viene al caso detallar, lo que es sumamente dudoso es que sobre ella deban pronunciarse el gobierno (golpeado por los últimos acontecimientos) y los dirigentes de unos partidos políticos que prácticamente ya no existen, que no representan a nadie, que cada vez generan más desconfianza en los ciudadanos y que funcionan como simples casilleros en un tablero electoral caracterizado por la dispersión ideológica.
Por tanto, ni el Ministro de Gobierno ni el gobierno en su conjunto pueden acordar una reforma del sistema electoral con los partidos políticos o con sus dirigentes, pues el contenido de esta reforma excede con creces lo que puede hacer el gobierno en esta materia y desde luego supera el ámbito de actuación de unos partidos políticos cuya crisis de representatividad es más que notoria.
Si el gobierno está verdaderamente interesado en que se reforme el sistema electoral provincial, debería convocar de inmediato a los ciudadanos y ciudadanas de Salta, sin limitarse a los partidos políticos y las corporaciones más conocidas, para que propongan diferentes proyectos de reforma y los discutan en un foro electrónico abierto, transparente y no sometido a controles partidarios o gubernamentales.
El sistema electoral sirve para conformar las instituciones y el gobierno, pero no es propiedad ni materia que importe exclusivamente a ninguno de ellos. A todos los salteños y salteñas que son titulares del derecho de sufragio interesa su reforma y todos deben ser protagonistas de la misma, sea en consultas previas o en referéndums posteriores. Discutir esta reforma con los partidos políticos y con sus dirigentes puede ser el comienzo, pero nunca el final de una reforma que afectará los derechos de todos.
