La imputación recae sobre los ciudadanos Marcos Vera, exdirector de la Administración Nacional de la Seguridad Social en Salta, y Verónica Molina, titular de la oficina local del PAMI, la obra social para jubilados y pensionados.
Los ha imputado el fiscal federal señor Ricardo Toranzos, quien ha asistido a la audiencia correspondiente, señalada por la jueza del caso, señora Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal de 1ª Instancia nº 2 de la ciudad de Salta.
Toranzos les imputa la comisión del delito previsto y reprimido en el artículo 266 del Código Penal argentino, con las circunstancias agravantes previstas en el artículo 267. La condición de funcionarios públicos de los dos imputados, unida a la conversión en provecho propio de las exacciones obtenidas, hace procedente también -a juicio del fiscal- el aumento de la pena de prisión y la conversión de la inhabilitación especial de uno a cinco a años en inhabilitación perpetua.
También se les acusa de haber utilizado bienes del PAMI en una campaña proselitista, así como de haber utilizado, con la misma finalidad, bienes donados por la Aduana para asistir a personas vulnerables.
Tras la finalización de la audiencia de imputación, la jueza Giménez no ha adoptado medidas cautelares personales respecto de los imputados.