La demanda –patrocinada por el letrado Martín Plaza– pretendía también que el juez declarase la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 1112/2024 y de la Resolución 347/2025 del Ministro de Defensa, en los que el gobierno nacional se apoya para enviar militares a la frontera.
Los demandados defendieron en la audiencia la legitimidad de las operaciones militares en la frontera y la plena compatibilidad de las normas atacadas con el Ordenamiento constitucional vigente. La representante del Ministerio de Defensa de la Nación ha dicho que «La acción planteada es totalmente improcedente, responde a cuestiones ideológicas, sin sustento jurídico».
Sostienen los demandantes que el DNU 1112/2024 contraría la ley defensa nacional, en la medida en que esta circunscribe el rol de las fuerzas armadas a agresiones de origen externo. Cuestionan también el carácter secreto de las llamadas reglas de empeñamiento militar o, lo que es lo mismo, las restricciones o subordinaciones al empleo de los medios militares impuestos por el nivel superior de decisión para la obtención del objetivo militar asignado.
«La falta de acceso público a estas normativas alimenta nuestra desconfianza, porque vemos en el secretismo un caldo de cultivo para la impunidad», dicen los demandantes.
