Gerala estaba acusado de los delitos de contrabando agravado, robo y malversación de fondos públicos, en el marco de una causa penal iniciada tras el saqueo de rieles del ferrocarril Belgrano Cargas, en el Norte salteño.
En relación a Gerala, los magistrados concluyeron que las pruebas producidas en el proceso no eran suficientes para sostener la acusación en su contra y que el esfuerzo fiscal no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del exintendente de Morillo.
Distinta fue la situación de Rodríguez, para quien el tribunal sí encontró evidencias directas de su participación en hechos de cohecho pasivo. Entre los elementos valorados se destacaron comunicaciones con José Miguel Gerala, hijo del exintendente, en las que se hacía referencia a la liberación de la zona para permitir el paso de camiones que transportaban rieles en el paraje Pluma de Pato, donde el acusado se desempeñaba como jefe del destacamento policial.
Tras declararlo culpable, se avanzó con la audiencia de determinación de la pena (juicio de cesura). La Fiscalía federal, representada por el fiscal general señor Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal señora Roxana Gual, interesó una pena tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y reglas de conducta, incluyendo la prohibición de residir en la zona. La defensa de Rodríguez, por su parte, solicitó la mínima pena legal de un año de prisión.
Finalmente, el tribunal estimó la petición de pena de los fiscales y condenó a Rodríguez a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la prohibición de circular o residir en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, donde se habían registrado amenazas contra pobladores de comunidades originarias.
