El acusado es juzgado por un tribunal colegiado integrado por los magistrados señores María Gabriela González, Pablo Farah y Maximiliano Troyano Chavarría.
El acusado, letrado de profesión, debe responder por los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa.
Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la intervención de la UDEC se inició en 2018, en virtud de la denuncia formulada por la expareja del abogado acusado, quien dijo haber sufrido el desapoderamiento de un inmueble de su propiedad mediante maniobras fraudulentas.
Según el relato de la mujer denunciante, conoció al acusado en 2012 y al año siguiente lo contactó para asesorarse en la compra de un terreno en un barrio privado de Cerrillos, que adquirió con ahorros propios y en el que comenzó a edificar. Asesor y asesorada iniciaron una relación; se casaron en 2015 y el hombre se mudó a la vivienda que había construido la mujer con sus propios recursos.
La mujer relató que, pocos meses después, el acusado comenzó a ejercer violencia contra ella, lo que la llevó a formular una denuncia policial. Aunque más tarde retomaron la relación (¡ay el amor!), y durante el make up time el hombre le pidió que firmara documentación en blanco bajo el pretexto de trámites judiciales, petición que ella accedió a cumplir. Posteriormente, se produjo la separación.
En noviembre de 2017, el abogado acusado envió a la mujer denunciante una carta documento en la que alegaba una supuesta cesión gratuita de derechos sobre el inmueble a favor de sus hijos (de los de él, lógicamente). Según la denunciante, el documento fue elaborado utilizando su firma en blanco. La mujer rechazó el contenido, negó haber cedido sus derechos e intimó la restitución de los mismos.
Pese a ello, el acusado intentó homologar el instrumento ante un Juzgado Civil y Comercial, trámite que fue rechazado.
