La información oficial dice que el Ministerio Público Fiscal intervino de oficio ante un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio Casino de la ciudad de Salta, que había tomado «estado público».
La Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género nº 5 de la ciudad de Salta, señora Liliana Jorge representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio celebrado ante la Tercera Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, presidida por el magistrado señor Pablo Farah.
El juez ha condenado al acusado -el ciudadano Ricardo Colque Domínguez, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y las costas del proceso. Farah lo considera culpable de un delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por la violencia de género.
Según la misma información oficial, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía no solo se justifica la toma de «estado público» de los hechos, sino también en un informe de actuación policial, remitido oportunamente a los fiscales.
Este informe sostiene que el 13 de agosto de 2022, tras cargar su tarjeta Saeta en el barrio Casino, la mujer perjudicada tomó un camino alternativo de regreso a su casa. Al llegar, su pareja la acusó de infidelidad, revisó su celular y la obligó a bajarse los pantalones en la vía pública para verificar sus sospechas. Ella se negó e intentó resolver la situación en casa, pero él continuó agrediéndola, por lo que decidió correr y llamar al SE-911 para pedir ayuda mientras el acusado la perseguía.
Anteriormente el día 13 de julio de 2022 -según consta en el mismo informe policial- durante una discusión, él acusado agredió físicamente a su pareja, tomándola por el cuello, empujándola contra la pared y golpeándola en la cara, piernas y cabeza. Los vecinos alertaron a la policía, pero el acusado intentó evadir la intervención policial no respondiendo al llamado a la puerta de la vivienda y cuando fue contactado telefónicamente, dijo que no se encontraba en el domicilio. Sin embargo, cuando intentó retirarse, se encontró con una consigna policial que solicitó entrevistarse con la damnificada, quien, «por instrucción de su pareja» (dice el informe), dijo que todo estaba bien.
La Policía no le creyó, a pesar de que, en casos como este, las afirmaciones de las mujeres siempre son tenidas por ciertas.
No se sabe si en juicio o en sede policial, la mujer agredida dijo que a pesar de estos incidentes, no denunció los hechos por temor a perjudicar a Colque, puesto que en esos momentos él era concejal de la Municipalidad de Salta.
La víctima también dijo que, en ocasiones anteriores, el acusado la golpeaba en el cuerpo y luego «se volvió más cauteloso», enfocándose en golpes en la cabeza, lo que le causaba constantes dolores y hematomas. Ella siempre terminaba siendo dejada en la calle y, por temor, no deseaba formular denuncia alguna.
La noticia oficial dice también que la Fiscalía puso a disposición de la mujer «un espacio de concientización» sobre la violencia de género, y pese a que manifestó su deseo de que se adoptaran medidas cautelares en su protección, el equipo interdisciplinario evaluó que estas serían necesarias para protegerla de posible violencia psicológica.
La fiscal Jorge consideró que Colque provocó a su pareja daño físico y emocional y que el comportamiento de agresor fue «violento y progresivo». Este comportamiento generó temor no solo en la víctima, sino también en los vecinos que fueron los que llamaron a la policía en respuesta a sus pedidos de ayuda.
El juez Pablo Farah impuso además al condenando reglas de conducta por el término de dos años. Entre estas reglas sobresale la prohibición de acercarse a la víctima en un radio no inferior a los trescientos metros, la prohibición de contacto a través de cualquier medio y del ejercicio de violencia física, psíquica y/o verbal, no solo respecto de la víctima sino también de su grupo familiar.
Colque deberá someterse también a tratamiento psicológico, previo dictamen de especialistas que determinen su necesidad y conveniencia, y lo sea por el plazo que los mismos aconsejen.
El juez ha ordenado también la extracción de la información genética del condenado a los fines legalmente previstos.
