La condena del acusado fue pronunciada al cabo de un procedimiento abreviado en el que la acusación pública fue ejercida por la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, señora Sofía Cornejo Solá.
Según el MPF salteño, la investigación comenzó a partir de una alerta generada por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), a partir de informes recibidos a través de Google.
Estos reportes emitieron una alerta por la posible producción local de contenido que incluía imágenes que podrían representar material casero recientemente producido, en el periodo comprendido entre agosto de 2022 y agosto de 2023.
A raíz de esta alerta internacional, el pasado 22 de febrero se ordenó el registro del domicilio del investigado en la zona Norte de la ciudad, en donde finalmente se procedió a su detención y al secuestro de toda evidencia digital.
El magistrado señor Martín Fernando Pérez, tras escuchar la confesión del acusado, le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo término.
Entre estas medidas acordadas por el juez se incluye el sometimiento del condenado a tratamiento psicológico y la inclusión de su información genética en los registros correspondientes.
