Según el portavoz de prensa de la Corte de Justicia de Salta, la persona que denunció los hechos trabajaba como personal de mantenimiento en el Parque Bicentenario y entabló amistad con un compañero, quien le comentó que tenía una prima que podía tramitarle la entrega de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda.
Posteriormente, este compañero de trabajo le dijo que un asistente social del IPV iba a contactarlo para verificar la constitución del grupo familiar. Fue entonces cuando entró en escena el condenado, quien se comunicó por teléfono con el denunciante haciéndose pasar por personal del IPV. Acordaron encontrarse en el centro y allí le solicitó la entrega de una suma de dinero. Luego le exigió dos pagos más. A partir de ese momento, el condenado lo bloqueó y no atendió más sus llamadas telefónicas.
La información oficial no precisa la cantidad detraída.
Montoya Quiroga ha puesto en libertad al condenado, a condición de que durante el término de dos años observe una serie de reglas de conducta entre las que figura el alejamiento del denunciante, de su domicilio y de los lugares que frecuente, y la obligación de someterse a tratamiento psicológico.
