Entre los datos relevantes, se cita la autorización conferida al recluso por el juez oranense Edgardo Laurenci, en contra del criterio expresado en su día por la fiscal penal señora Claudia Carreras, en su escrito de fecha 21 de septiembre de 2022.
En el escrito de Carreras se puede leer que el hermano de Ledesma «considera que no es justo que se le otorgue ningún beneficio al interno penado Moreno, Lino Ademar, que ayer recién se cumplieron 15 años de que este señor mató a su hermana y la forma que lo hizo, además considera que los autores intelectuales no se encuentran cumpliendo pena por el homicidio de su hermana».
El hermano de la víctima hizo alusión también a la pendencia del enjuiciamiento de los hermanos Castedo, acusados formalmente de haber utilizado a Moreno como «brazo ejecutor» del designio criminal que acabó con la vida de Liliana Ledesma.
La opinión negativa de la fiscal a la solicitud de salidas transitorias de Lino Ademar Moreno estuvo fundamentada, básicamente, en la seguridad de las víctimas supervivientes del crimen, que consideraron que su salida del penal «no era justa». Se preguntaba el hermano de Liliana Ledesma «¿quién los cuidaría, a él, a su madre, a su hermano, y al que fue el testigo clave en esa causa?» y deslizaba la posibilidad de que, de ser concedido el permiso, «les tendrían que poner custodia policial o algo».
La fiscal Carreras argumentó en su momento que las salidas de Moreno de la cárcel no eran convenientes porque «¿quién les asegura que no lastimen a nadie?». Según la fiscal del caso, «todos ellos pertenecen a una banda mafiosa, son sicarios de los Castedo, no se sienten seguros, ni el ni su familia, por eso no le parece bien que este señor pueda salir antes de cumplir con su pena».
Transcurridas varias semanas desde la constatación oficial de la evasión del condenado Moreno, que aprovechó una de sus salidas transitorias para no regresar al centro penitenciario en el que cumple condena, el Procurador General de la Provincia de Salta ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado informes a la Justicia y al gobierno provincial a fin de depurar responsabilidades.
