El anuncio del gobierno, que da por hecho que la persona detenida es la autora de la sustracción y la existencia de pruebas «contundentes» en su contra, ha tomado por sorpresa a los fiscales, por cuanto la investigación se encuentra en una etapa muy preliminar y la detenida aún no ha sido formalmente imputada.
La incomodidad de los fiscales con la declaración triunfalista del gobierno en relación con el suceso de Tartagal es razonable, por cuanto la difusión de la noticia y, sobre todo, la falsa sensación de «caso cerrado», puede complicar el trabajo de investigación, teniendo en cuenta la complejidad del caso y la más que probable intervención de otras personas en el hecho que se investiga.
A pesar de que hay una persona detenida, las certezas en estos momentos son mínimas y es obligación de los poderes públicos implicados manejarse con prudencia y discreción, observando en todo momento las normas que protegen la presunción de inocencia y aquellas que impiden a las autoridades judiciales difundir determinada información durante la fase inicial del proceso penal.
