Los magistrados integrantes de la Sala juzgadora (Ángel Amadeo Longarte, Javier Araníbar y María Gabriela González) han condenado también al ciudadano Sergio Armando a la pena de dos años y ocho meses de prisión.
Pese al contenido de la sentencia, ninguno de los dos acusados ingresará efectivamente en prisión. La ejecución condicional de la condena supone que ambos deberán cumplir, durante los próximos tres años, las reglas de conducta que les ha señalado el tribunal juzgador, entre las que destacan la obligación de cursar «estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional». La información oficial no da pistas acerca de los motivos por lo que los jueces han impuesto a los dos condenados esta peculiar obligación.
El tribunal ha decidido requerir al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los ciudadanos Marcelo Singh, Rogelio Guaymás, Rodolfo Armando y «de todo otro funcionario que pudiera haber tenido intervención en los hechos» enjuiciados en el proceso que acaba de finalizar con la condena de Gonza y Armando.
La Sala juzgadora ha declarado probado que tanto el exintendente municipal de San Lorenzo como el ciudadano Armando, quien en la época de los hechos ejercía un cargo en esta comuna, realizaron «maniobras fraudulentas» encaminadas a desviar fondos públicos.
