La versión final de la ley prohíbe vender tabaco a cualquier persona nacida después de 2008. Todavía falta el último paso legislativo, que es la firma del rey —habitualmente automática—, que pondrá el colofón a años de esfuerzos que empezaron con el gobierno conservador de Rishi Sunak y han culminado con el del laborista Keir Starmer.
El objetivo es combatir la adicción al tabaco y sus efectos nocivos para el entorno de los fumadores, los espacios de trabajo y la sanidad pública, según han razonado los gobiernos conservador y laborista que han defendido la ley. Uno de los principales argumentos ha sido el coste en enfermedades que se pueden prevenir para la sanidad pública británica.
“Este es un momento histórico para la salud de la nación… Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegiéndolos de una vida de adicción y daños”, dijo el ministro de Sanidad británica, Wes Streeting, el pasado lunes. “Prevenir es mejor que curar. Esta reforma salva vidas, alivia la presión para el Servicio Nacional de Salud y construye un Reino Unido más saludable”.
La ley también incluye limitaciones al vapeo, por ejemplo con nuevas prohibiciones de este consumo en vehículos que transporten menores o en espacios al aire libre cercanos a escuelas u hospitales. El humo en espacios públicos cerrados ya está prohibido en el Reino Unido desde 2007, venga de los cigarrillos tradicionales o del vapeo.
El Reino Unido ya aplica otras medidas para combatir la adicción al tabaco, incluidos programas de desintoxicación progresiva y desincentivos económicos con impuestos más altos que en otros países europeos, incluido España. De hecho, el 90% del precio del tabaco y otros productos de nicotina viene de los impuestos, y el precio se ajusta de manera constante según la inflación.
El precio de una cajetilla de cigarrillos en el Reino Unido es de unas 18 libras esterlinas, equivalente a unos 40.000 pesos argentinos.
Mientras tanto en Salta
Cada año se producen en la Provincia de Salta, porporcionalmente, la misma cantidad de muertes por tabaco que en cualquier otro país del mundo.Sin embargo, lejos de alentar una reducción del consumo —especialmente entre los más jóvenes— los poderes públicos de Salta emplean ingentes recursos públicos en sostener la producción de tabaco.
Y no solo eso. El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, señor Esteban Amat Lacroix, ha instalado en el discurso público no solo la necesidad de apuntalar la producción de este cultivo tóxico (del que él participa con entusiasmo) sino que se ha encargado de difundir una imagen positiva del pernicioso hábito de fumar.
Los productores salteños de tabaco —con Amat Lacroix a la cabeza— no quieren hacerse cargo de su responsabilidad, mientras que al gobierno y a los legisladores les preocupa más la utilización de los hospitales públicos salteños por ciudadanos extranjeros, que la sobrecarga del precario sistema de salud —que incluye a las obras sociales— que provoca la creciente incidencia de enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, entre los propios salteños.
