O sea que, para valorar la procedencia de la prisión preventiva o para mantenerla ya no solo son relevantes el objetivo de asegurar la presencia del imputado durante todo el proceso, el riesgo de fuga, la probable aplicación en firme de una pena privativa de la libertad, o el entorpecimiento de la averiguación de la verdad.
Ahora —al menos para Ramos Ossorio— importa también el «qué dirán».
Las cárceles en Salta están a reventar, precisamente por la facilidad con que los jueces —a instancias de los fiscales— reparten prisiones preventivas como si fueran empanadas; pero ¡ojo!, de lo que se trata aquí es de que nadie piense que la justicia de Salta funciona como un gigantesco edificio de puertas giratorias.
Fiscales y jueces de Salta parecen haberse puesto de acuerdo en utilizar la noble y antigua institución de la prisión provisional para afianzar la imagen de una justicia inflexible e implacable, que no anda mirando para los costados y que encierra a todo el mundo, pero no porque su situación objetivamente lo merezca, sino porque, si no encerrara a todo quisque, los ciudadanos andarían diciendo por ahí que la justicia es laxa y cómplice.
¿Están seguros fiscales y jueces que más prisiones preventivas mejora la «imagen» de la institución judicial? O, al contrario, ¿el encarcelamiento preventivo sistemático revela la profunda debilidad del sistema?
Lo peor del populismo punitivo no es que las clases menos ilustradas reclamen a gritos castigos inmediatos y expeditivos, sino que los que tienen el poder de aplicar fría y racionalmente las leyes les hagan caso y se preocupen más por la «imagen», personal o institucional, que dan al gran público, que por el cumplimiento riguroso de la Ley.
