Esto quiere decir, sin necesidad de conjeturas interpretativas, que esas 57 personas que residen en los 22 barrios en los que se ha procedido a transferir la propiedad de sus terrenos, ya lo hacían antes de la transmisión escritural y ocupaban los inmuebles sin título o con un título precario y revocable.
Son, en su inmensa mayoría, personas que se han asentado en tierras fiscales sin autorización previa de su propietario y solo con un guiño de ciertas oficinas del Estado, que han tolerado la ocupación y la siguen tolerando, sin preocuparse en absoluto de si los orgullosos «nuevos propietarios» viven en condiciones dignas o lo hacen de una forma infrahumana.
Ayer mismo se ha sabido, por conducto del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, que existen alrededor de 16 000 conexiones clandestinas a la red eléctrica y que tales conexiones se encuentran, precisamente, en barrios nacidos al calor de las necesidades políticas del momento (concretamente durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey), con el mismo sistema —o con un sistema parecido— al de los barrios en donde, ayer también, se ha procedido a una mínima «regularización dominial».
Es decir que, mientras por un lado el Estado lamenta la inusualmente numerosa proliferación de conexiones ilegales a la energía eléctrica (que solo sobrecarga la red porque favorece el consumo desmedido), por el otro alienta a que las personas ocupen terrenos fiscales, a sabiendas no solamente de que no serán expulsados sino también de que en algún momento el gobierno abrirá la mano y los convertirá en propietarios de los lugares que han ocupado, en un acto que disfraza el populismo tras la máscara de un gesto de generosidad.
Esta política de «hechos consumados» no solo destruye la igualdad ante la Ley consagrada en la Constitución, sino que hace imposible la aspiración de una ciudad ordenada y razonablemente urbanizada.
Barrios enteros que nacen y crecen «naturalmente» son el mejor caldo de cultivo para la inseguridad, el tráfico de estupefacientes, el colapso medioambiental y los conflictos convivenciales, que, en su mayoría, ocupan el tiempo y los recursos de la Policía de la Provincia.
Antes que «regularizar» a usurpadores o cuasiusurpadores de terrenos de propiedad colectiva, el gobierno debería pensar en planes de vivienda y urbanización, no solo para evitar problemas de seguridad, sino para que los habitantes de la ciudad, en cualquier punto de ella que se encuentren, sientan que viven en una ciudad de iguales y no en ghettos construidos y mantenidos por intereses políticos coyunturales.
