Según la información oficial del gobierno provincial, el simulacro fue supervisado por profesionales de la Subsecretaría de Defensa Civil que «evaluaron la actuación del personal ante sismo», no así la de los presos, de cuya seguridad apenas se habla en dicha información.
Dice el gobierno que en la oportunidad, se trabajó bajo la hipótesis de sismo e incendio estructural con rescate de víctimas en el pabellón K evaluando la preparación recibida por el personal ante una emergencia y las medidas preventivas que se aplican en contingencias.
En total participaron 150 personas entre los internos del lugar (presos sin riesgo de fuga), los agentes del Servicio Penitenciario, la brigada contra incendios estructurales de la propia cárcel y los bomberos voluntarios que llevan el nombre —casi nunca usado— de “Martín Miguel de Güemes”.
A lo largo de 2025, unos 700 agentes del Servicio Penitenciario fueron formados por la Subsecretaría de Defensa Civil con objeto de «fortalecer» fortalecer sus capacidades de respuesta en materia de prevención ante eventos naturales adversos como sismos o intervención en situaciones críticas como incendios estructurales, que, al parecer, nada tienen que ver con los incendios de colchones y las fogatas que se encienden en las celdas, contingencias que entran dentro de la jurisdicción de los propios presos.
