Haciendo uso de un lenguaje políticamente muy discutible, el gobierno dice que esta promoción tiene por objeto «beneficiar a los salteños en las compras de útiles y uniformes para el próximo periodo lectivo».
Aunque la página del gobierno no lo dice, se supone que si el «salteño» compra en un establecimiento no afiliado a la la Cámara de Comercio e Industria, no disfrutará de este «beneficio». Pero esta es solo una especulación.
Lo cierto es que el gobierno no dice quién pagará el coste financiero de las compras aplazadas, como tampoco quién devolverá el 10% de su importe a los compradores.
Tampoco se informa qué cantidad calcula embolsar el Banco Macro al inducir a los consumidores a utilizar sus tarjetas de compra, con la bendición del gobierno.
Los beneficios para los comerciantes son tan obvios, que no merece la pena comentarlos.
Lo cierto es que si el dinero para todo esto lo pone solamente el gobierno (o pone la mayor parte de él), lo del «beneficio» de los salteños es puro cuento, ya que en realidad todos los ciudadanos estarán pagando una parte de los útiles. Lo cual no parece malo de suyo en realidad, pero que debió ser informado tal cual y no ser presentado como un «beneficio» de un anónimo benefactor.
No es la primera vez que el gobierno asegura un negocio cautivo y sin riesgos al Banco Macro. Pero si este es uno de los objetivos de la operación, sería mucho más honrado y transparente que los ciudadanos, sean beneficiarios o benefactores, lo supieran.
