Hasta hace pocas semanas, el peligro era que nuestros vecinos del gran país del Norte votaran en nuestras elecciones y que distorsionaran la «voluntad popular», que jamás se ha distorsionado en Salta, por supuesto. Es la «voluntad popular» la que decide, por ejemplo, que con un 33% de los votos, un partido capture el 95% de las bancas del Senado provincial.
Pero desde hace dos días, ese peligro no es nada comparado con la realidad de que un ciudadano boliviano ha resultado electo concejal de la ciudad argentina de Salvador Mazza. Es como si el diablo se hubiera sentado en el cónclave de los cardenales.
«Si la cosa sigue así, muy pronto se venderán en Salta empanadas con aceitunas y la sopa de maní arrinconará a nuestro locro salteño», se ha quejado un tradicionalista.
Otros, no tan preocupados por el estómago, pronostican que así como el próximo presidente de Francia puede llamarse Mohamed, no está lejano el día en que el Gobernador de Salta será un señor de apellido Quispe Choquevilca.
A la frontera Norte de la patria no le falta casi nada para parecerse a la Franja de Gaza. Incluso en Aguas Blancas los salteños mantenemos sentado a nuestro propio Netanyahu, que está dispuesto a echar a los bolivianos del otro lado del alambre y a atrapar como moscas en la mermelada a los que intenten pasar de este lado. Si hubiera aquí algo parecido a la «ayuda humanitaria», ya la habría cortado de raíz.
Uno de los problemas que tenemos para llevar a cabo esta rudimentaria limpieza étnica es que los «invasores» se parecen muchísimo a nosotros, no solo física sino también culturalmente.
Es imposible distinguir –si no es con un peritaje antropológico o un «cotejo genético» practicado por el sofisticado laboratorio de biología molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales– quién es quién en la cola de la carnicería de Aguas Blancas o en la verdulería de Salvador Mazza. Los microscopios del CIF deberían analizar el acullico que tanto unos como otros mastican mientras esperan ser atendidos.
Mostrar un DNI argentino ya no sirve para probar nada, porque –según Netanyahu– el Registro Civil de Salta los reparte alegremente sin preocuparse en absoluto por saber dónde viven realmente los identificados. Ahora ya no es necesario mostrar ningún papel, porque desde que los ministros Petri y Bullrich decidieron militarizar la frontera con miles de soldados armados hasta los dientes, los documentos ya no cuentan. Primero hablan las cachiporras y después los drones.
Al IPS le faltan unos 6.000 millones de pesos para enjugar su déficit. Seguramente la culpa es de los bolivianos que están usurpando los modernísimos recursos de salud de los salteños. Los expulsaremos a todos, los desafiliaremos en bloque para recuperar la incolumidad de nuestras cuentas sanitarias; pero mientras lo hacemos, el Ministro de Salud Pública seguirá plumereando todos los días en su despacho la whiphala aymara que ha puesto justo al lado y al mismo nivel de la Bandera Nacional argentina y de ese artefacto rojo al que llaman bandera de Salta.
