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  • Requisitos para su percepción
  • El gobierno provincial de Salta anunció ayer que tiene todo listo para depositar en los bancos en los que cobran los jubilados el dinero del llamado Fondo Solidario de Apoyo Temporario para Jubilados, creado por el Decreto 113/2024, de 16 de febrero.
Imagen ilustrativa
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El artículo 4º del decreto mencionado establece que el Gobernador de la Provincia efectuará un aporte del 50% de su sueldo de abril y mayo, y que el resto de los funcionarios aportará un porcentaje inferior «en proporción a la escala de haberes que perciban».



Con el anuncio de ayer, el gobierno ha precisado varios datos importantes:

1) Que la cantidad total que recibirán los jubilados comprendidos en este fondo será de 48.000 pesos (alrededor de 45 dólares estadounidenses), y que esta cantidad se pagará en dos cuotas de 24.000 pesos cada una.

2) Que el número total de jubilados que recibirá este dinero es de 20.900.

3) Que no lo recibirán todos los jubilados que perciban el haber mínimo, sino solo los mayores de 70 años que cumplan, además, los siguientes requisitos:

a) no percibir planes sociales nacionales, provinciales o municipales (AUH, Potenciar Trabajo, seguro de desempleo, entre otros)

b) no percibir otra prestación previsional (excepto pensiones no contributivas)

c) no tener un empleo ni trabajar como autónomo

d) no percibir ingresos como permisionario de estacionamiento medido

e) no poseer bienes registrables a su nombre.

Todos estos requisitos no los ha establecido el Gobernador en su Decreto, sino el ministro Dib Ashur en su Resolución 178D.

Además de Sáenz, aportan al fondo solidario sus ministros (incluida la Secretaria General de la Gobernador), los coordinadores, el Fiscal de Estado, el Síndico General de la Provincia, los secretarios de Estado, los subsecretarios, las llamadas autoridades superiores, las autoridades fuera de escalafón, personal de apoyo nivel 1, 2 y 3, presidentes, gerentes, directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.

No se sabe, por ejemplo, cuánto aportará el ministro Roberto Dib Ashur, aunque sí se sabe que no podrá aportar el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, ya que le debe algunas astreintes a la jueza Victoria Mossman. El resto, deberá apretarse el citurón.



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