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  • Con firma y garantías
  • El Gobernador de Salta ha aprovechado la pausa reflexiva del 20 de febrero para lanzar su iniciativa de un acuerdo nacional que vincule a las provincias con el gobierno central, para «dejar atrás los insultos y las descalificaciones y mirar hacia adelante».
Villarruel, Sáenz y Francos en Salta
Villarruel, Sáenz y Francos en Salta
Gustavo Sáenz ha hecho balance de su encuentro en Salta con varios colegas gobernadores, con la Vicepresidente de la Nación y con el Ministro del Interior, propiciado por la festividad del 211º aniversario de la Batalla de Salta.


Lo que quiere Sáenz es un acuerdo «con firma» en el que las partes se comprometan, no solo a respetarse, sino a promover la gobernabilidad.

El Gobernador de Salta propone volver a poner sobre la mesa a la famosa ley ómnibus, cuya aprobación requiere del apoyo de las provincias. La caída de esta ley en el Congreso ha sido el desencadenante de la dura ofensiva del presidente Milei contra legisladores y gobernadores. A algunos de los mandatarios provinciales Milei los ha calificado de «traidores» y del Congreso Nacional -del que formó parte hasta hace poco- dijo que es «un nido de ratas».

Gustavo Sáenz aseguró al matutino La Nación estar “convencido” de que la salida a la crisis que enfrenta al poder central y a los poderes locales es “un gran acuerdo nacional”. Dijo también que después del reciente encuentro en Salta comenzó a contactar al resto de sus colegas gobernadores para hacerles la propuesta. Según Sáenz, los gobernadores que estuvieron anteayer en Salta apoyan su iniciativa.

“El Presidente, por supuesto, tiene que estar de acuerdo” dice Sáenz, para quien es Milei el que debe decir ‘vamos para adelante’. “La idea es que él plantee qué necesita de la ley y nosotros lo que necesitamos para gobernar”. Sáenz admitió que hay una “falta de confianza muy grande” entre las partes, por lo que considera que el acuerdo tiene que plasmarse por escrito.

Para Sáenz, el acuerdo debe ser refrendado con la firma de los gobernadores “que le garanticen al Presidente los votos de la ley”, y, con la firma del Presidente que «garantice determinadas transferencias».

Dice Sáenz que de este modo se asegurarían dos objetivos fundamentales de la gobernabilidad: la sanción de la ley («que tiene cosas muy buenas») y las transferencias acordadas, «para así no tener que pedir todos los meses lo que nos corresponde y saber claramente lo que no nos corresponde».

Sáenz rechaza la etiqueta de “traidor”, que le ha colgado Milei y que comparte con gobernadores como el cordobés Martín Llaryora o el santafesino Maximiliano Pullaro. Pero para el Gobernador de Salta esta no es la hora del enfrentamiento, sino que la situación requiere “más que nunca, prudencia, templanza, humildad y grandeza. Olvidarnos de los insultos y buscar soluciones, que es lo que quiere la gente. Todo está frenado, en las provincias y en el país”.

Según La Nación, en la Casa Rosada hay movimientos que permiten hablar de una mayor coordinación entre la “mesa técnica” (que trabaja las reformas y desregulaciones) y el “ala política”, en particular con el Ministerio del Interior. Ambos parecen estar intentando determinar qué gobernadores serían los más proclives a apoyar las iniciativas del gobierno de Milei.

Para los mandatarios, la incógnita sigue siendo si Milei está de acuerdo con estos movimientos. De allí que Sáenz considere necesario saber con certeza si el Presidente es o no partidario de un “acuerdo nacional”, porque sino fuera así, habría un nuevo desgaste en construir algo que después no sería avalado por la máxima autoridad.

Aunque primero se mencionó que habría leyes puntuales en reemplazo de la ómnibus, el ministro Luis Caputo no descartó que se vuelva a tratar la de Bases en el Congreso. “Después veremos el paquete fiscal”, dijo.

Gustavo Sáenz es partidario de que en el acuerdo que propone se incluya también el tema fiscal, porque es uno de los puntos clave de interés de las provincias. Al mismo tiempo, el gobierno nacional debe incluir los aspectos que entienda cruciales para su administración. Por supuesto -previene Sáenz- los gobernadores que no quieran firmar, “no lo harán, pero eso quedará claro desde el comienzo”.

Fuente: La Nación


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