Villada ha dicho en una radio de la ciudad de Salta que Sáenz -que mantiene un diálogo fluido y frecuente con la diputada Villamayor- «no estaba en conocimiento» de la tramitación de este extraño proyecto.
Villada no ha dicho que dentro de la «garantía al 100% de la libertad de expresión» se incluye la posibilidad de que el gobernador Sáenz se presente a la justicia para pedir que se dejen sin efecto las medidas cautelares que propició que, además de ser obtenidas sin contradicción, tienen una vigencia sine die (indefinida).
Dice también Villada que «los funcionarios tenemos que estar expuestos frente a la opinión de la gente, sea cual sea», aunque es precisamente el Ministro de Gobierno de Salta, de todos, el que menos cómodo se siente frente a las críticas que se le dirigen en público.
Tratando de no desautorizar totalmente a Villamayor, Villada ha dicho que «le hubiera gustado un debate más amplio sobre la cuestión», dando a entender que tal vez con un tratamiento un poco más pausado la restricción a la libertad de opinar y de informar sería un poco más «razonable».
También ha intentado congraciarse Villada con los periodistas, de quien -dice- se debió haber incluido en el debate y escuchar su opinión. Pero, desgraciadamente, la libertad de expresión no es un derecho que proteja solo a los periodista y aunque su opinión pueda ser importante, jamás será más importante que la de cualquier ciudadano.
Es curioso que Villada quiera poner ahora a los periodistas por delante, cuando el gobernador Gustavo Sáenz no ha dudado en llevar a alguno de ellos a los tribunales, aprovechando la facilidad con que los jueces declaran prohibiciones cautelares inaudita parte y además lo hacen bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, algo que les encanta, tanto a los jueces como al Gobernador.
