Según la información oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia que dirige el señor Marcelo Ramón Domínguez, el amplio despliegue de medios policiales anunciado por el gobierno tuvo por objeto «realizar un estricto control de la veda electoral desde las 20 horas del sábado, para prevenir ilícitos y/o prohibiciones establecidas en la Ley 7.697».
En España, país en donde habitan 48.168.693 (estimación del INE a 1 de abril de 2023), serán 99.000 los policías y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los encargados de custodiar las elecciones autonómicas y municipales que se van a celebrar mañana, domingo 28 de mayo. Esto significa que en España habrá un policía cada 486,5 habitantes, una cifra casi tres veces superior a la de Salta.
En la ciudad autónoma de Melilla, en donde viven aproximadamente unas 85.000 personas y durante los últimos días ha estallado un sonoro escándalo por la compra de votos por correo, se habla de que el domingo habrá «un blindaje de seguridad». Allí se desplegarán 600 policías, a razón de 1 cada 142 habitantes, una cifra ligeramente superior a la de Salta, en donde sin embargo no hay antecedentes de un fraude organizado.
La omnipresencia policial en Salta hace que algunos lugares de votación se asemejen a comisarías o cuarteles policiales y que los electores acudan a las urnas con miedo de ser interpelados o detenidos por cualquier nimiedad.
En España -al igual que sucede en otros países del continente- la presencia de agentes de la autoridad en los lugares donde se hallan desplegadas las mesas receptoras de votos es casi imperceptible y, desde luego, no representa una amenaza latente para la libertad de los electores. De hecho, en este país se producen muy pocos incidentes durante la jornada electoral y no se ha conocido recientemente que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil hayan detenido a ciudadanos por violar la prohibición de difundir propaganda electoral o realizar actos de campaña durante la jornada de reflexión y, menos, por fotografiar su voto.
Cabe recordar que el artículo 144 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General LOREG castiga a quien incumplan las prohibiciones establecidas para la jornada de reflexión con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.
Es verdad que las normas electorales en la Argentina son más estrictas, toda vez que la jornada de reflexión duplica su duración en relación a la de los países de Europa y que además de los actos de propaganda se prohíbe la venta de alcohol y la celebración de espectáculos populares al aire libre, fiestas teatrales y deportivas. Sin embargo, estas prohibiciones no explican por sí solas el mayor despliegue policial.
