Evidentemente, el mandatario salteño ha hecho referencia a un cambio positivo, ya que ha dicho que los proveedores mineros locales son cada vez más competitivos y que los puestos de trabajo que generan las empresas mineras se multiplican.
Pero ¿alcanzan todas estas cosas para cambiar la realidad de los salteños?
Seguramente, a algunos la expansión de la minería les habrá cambiado la vida, y como suele suceder en estos casos, el cambio habrá sido más sensible, más radical y más beneficioso para el salteño que tiene una empresa proveedora de servicios auxiliares que para el salteño que simplemente ha tenido la suerte de encontrar un empleo lucrativo e interesante.
Es el gobierno (y, en parte, también los sindicatos) los que tienen que ocuparse de que los beneficios económicos del incremento de la actividad minera se distribuyan de forma equitativa entre trabajadores y empresarios, y entre la población en general.
Sin embargo, aun sabiendo que al gobierno compete exclusivamente la formulación de una política clara, realista y coherente de imposición de tributos a las rentas que produce la minería, hoy por hoy tal política brilla por su ausencia en Salta.
En el gobierno solo hay euforia y deslumbramiento por el luminoso futuro de la extracción del litio, mas no una conciencia clara del desafío social que supone la fulgurante expansión de un sector de la economía que se hallaba prácticamente dormido.
La «realidad» empezará a cambiar para los salteños cuando el gobierno se dé cuenta de que no puede echar las campanas al vuelo en un momento en el que la minería del litio se encuentra en fase de despegue y aún no ha conseguido transformar de raíz la estructura económica de una Provincia atrasada, con insultantes niveles de injusticia social y con enormes dificultades de inserción, tanto a nivel regional, como a nivel nacional y subregional.
Mientras esa transformación radical no ocurra, la minería, cuyo crecimiento tanto ilusiona al gobierno, solo será una fuente de oportunidades para una porción insignificante de la sociedad. Probablemente, los proveedores locales y sus trabajadores podrán mejorar su situación relativa, pero, aunque tal mejora es deseable, hay que darse cuenta de que los indicadores del mercado de trabajo salteño nos están diciendo que el empleo -aún el mejor empleo y el que a más personas alcanza- no es suficiente para evitar una vida de sacrificios, escasez e incertidumbre.
Las «políticas de Estado» del gobierno de Salta deberían ser el bienestar y la justicia, pero no la minería. La Provincia de Salta no debe convertirse en un «Estado minero»; debe dejar en manos de los agentes privados las principales decisiones en materia de inversión; debe renunciar a su ilusión de «asociarse» con los productores, y limitarse a cumplir con sus tres cometidos básicos: 1) el sostenimiento de un marco regulatorio adecuado para el crecimiento de la minería; 2) el desarrollo de las infraestructuras necesarias y 3) la percepción de impuestos.
