En aquel momento, la señora Munar admitió ante el tribunal que la juzgaba (la Audiencia de Palma) haber cometido dos delitos (malversación y prevaricación) por haber designado a dedo y camuflado a unos trabajadores contratados en proyectos públicos, cuando en realidad trabajaban para el partido Unió Mallorquina y para su campaña electoral.
Algo bastante parecido ha sucedido en Salta, en donde el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta, señor Daniel Nallar, ha suscrito el Decreto nº 114 mediante el cual se designan como empleados de planta transitoria de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad al menos a seis personas que figuran como candidatas a concejales en la lista que encabeza la funcionaria romerista señora Susana Pontussi.
Según recuerda Nuevo Diario de Salta, «Pontussi acompaña a Bettina Romero en búsqueda de su reelección como mandataria municipal y encabeza una lista con sectores disidentes del Partido Renovador de Salta».
Evidentemente, los designados -a pesar de ser candidatos de una parcialidad política bien identificada- disfrutarán de un sueldo público que pagarán todos los contribuyentes salteños.
De acuerdo con la información del mismo diario salteño, la designación de estas personas en la Municipalidad se ha producido el mismo día en que daba comienzo oficialmente la campaña electoral para las elecciones que se van a celebrar en Salta el próximo domingo 14 de mayo.
En efecto, según el pequeño matutino salteño, «en el Boletín de la Municipalidad nº 2.554 se publicó el decreto 113, y en el siguiente (el 2.556), se publicó directamente el decreto 115. Es decir que desde las páginas oficiales de la comuna se omitió la divulgación del decreto donde aparecían los candidatos de la ahora funcionaria».
Una conducta muy parecida a esta ha sido objeto de investigación y de formación de causa penal en España, con el resultado de una dura condena a prisión. Por lo que se puede apreciar, en otros lugares del mundo jueces y fiscales protegen con más celo la incolumidad del erario (el dinero de los ciudadanos) y castigan con severidad la utilización de los cargos públicos con fines partidistas o electoralistas. En Salta, lamentablemente no sucede lo mismo.
