La Provincia ‘más pobre de la Argentina’ sigue sumando empleados a la planta del Estado

La información oficial dice que el decreto del gobernador Gustavo Sáenz incluye a trabajadores «que venían desempeñándose bajo la figura de contrato de locación de servicios y en distintas funciones».

Es decir que se trata, nuevamente, del ingreso a la Administración pública de personas que no han acreditado, a través de pruebas objetivas e igualitarias su idoneidad para el desempeño de estos cargos.

Para mayor gravedad, el señor Juan José Esteban ha dicho que la incorporación de estos nuevos trabajadores a sueldo del Estado es una decisión política del Gobernador de la Provincia, sin que haya elementos que permitan advertir en esta decisión otros elementos que no sean a exclusiva discrecionalidad del primer mandatario, en contra de lo que prescriben las leyes.

Dice la información oficial que, con esta nueva medida, el gobierno «avanza en el cumplimiento asumido a principios del presente años con las entidades gremiales del sector salud». Los términos de tal «compromiso» no se conocen y no están recogidos en ninguna norma jurídicamente válida. Por tanto, solo cabe entender que, si el compromiso efectivamente existía, el Gobernador lo ha cumplido «políticamente»; es decir, sin observar las normas que establecen la forma en que se accede a la Administración y vulnerando los principios de igualdad y solidaridad, pues no consta la existencia de otros «compromisos» con sindicatos que representen a otras categorías de trabajadores.

Añade la comunicación del gobierno que «De esta forma, se da respuesta a un antiguo requerimiento del personal que venía desempeñándose bajo la modalidad de locación de servicios y que ahora ingresará al régimen previsto en la Ley 7678, Estatuto del Personal de la Salud de la Provincia».

Sin embargo, si bien la ley 7678 regula en un segundo plano el régimen laboral excepcional y transitorio de los agentes contratados, su razón de ser es la de regular la denominada «carrera sanitaria», para la cual se ha instituido, como requisito fundamental de ingreso, la «idoneidad para el desempeño del cargo o función, demostrada a través de los concursos que establezca la reglamentación».

A pesar de todo, el ministro Esteban se ha llenado la boca al anunciar que «el número de beneficiados al finalizar el proceso de regularización, será mayor al compromiso asumido». Esto quiere decir dos cosas: la primera, que el gobierno decide discrecionalmente a quién beneficia y a quién no; y la segunda, que el mentado «compromiso» con los sindicatos se puede exceder tranquilamente, «por razones políticas».