Si tal declaración existió, debemos denunciar que voluntariamente y tal vez inocentemente, se ha confesado una gravísima violación a la Constitución, a la división de poderes, base del sistema republicano. Ello en tanto la Corte tiene prohibido el ejercicio de competencias consultivas. La Constitución atribuye al Poder Legislativo el dictado de las leyes que considere convenientes y en este sentido, los representantes del pueblo son soberanos.
La declaración pública de haberse realizado la consulta, importaría también una confesión de un acto de corrupción. Una consulta a la Corte en forma privada, como si fuera entre amigos, vulnera el sistema de división de poderes, y de hecho aparece subordinando el poder legislativo y el poder ejecutivo a la autorización o consulta previa con la Corte.
Esta relación casi carnal entre poderes que deben ser independientes es lo que debemos desarticular en la reforma constitucional. Llama poderosamente la atención que quien preside la Convención Constituyente no advierta la gravedad de sus declaraciones. Esa percepción de un hecho grave como si fuera inocente, es un ejemplo de lo que debemos cambiar en esta reforma constitucional.
A los reclamos ciudadanos de seguridad y justicia se suma el pedido de terminar con la corrupción. A lo largo y ancho del mundo hay un reclamo que se hace cada vez más fuerte: “Basta de corrupción, basta de delincuentes disfrazados de gobernantes”. Este reclamo se ha viralizado en nuestro país mediante una petición que colecciona firmas a través de la plataforma change.org, que, con más 500.000 firmas, se convierte en una de las peticiones más apoyadas por la ciudadanía argentina.
Respondiendo al reclamo ciudadano, distintas provincias han avanzado con sus respectivas leyes de Ficha Limpia, exigiendo que quienes se postulen para cargos públicos carezcan de antecedentes penales por delitos graves. Mendoza y Chubut avanzaron, en el Congreso Nacional aún se debate, y Salta acaba de aprobarla.
Del cotejo de la norma salteña con las de Mendoza y Chubut, advertimos que la nuestra es la más limitada y conservadora. En la ley mendocina, basta una condena de primera instancia para que se bloquee la posibilidad de ser candidato o candidata. Se obliga al condenado a instar la revocación de la condena rápidamente y no, como sucede actualmente, estimular la presentación de todo tipo de chicanas para dilatar la resolución definitiva.
La sanción ha sido dificultosa atento las diferencias entre una Cámara de Diputados progresista, y un Senado ultra conservador. Afortunadamente primó el progresismo. Espero que el gobernador promulgue la ley sancionada y ponga a Salta a la altura de las primeras provincias en comprometerse contra la corrupción.
(*) Iruya.com publica esta columna con la autorización de su autora, a quien agradecemos su generosidad. Sonia Margarita Escudero es Senadora de la Nación (MC) y fue Secretaria General de la Gobernación de Salta. Originalmente sus escritos son publicados en la web ariesonline.com.ar, de la emisora FM Aries de la ciudad de Salta.
