Las vacaciones de invierno han nacido en el ámbito escolar. Su objeto -en lugares con inviernos suaves, como en Salta- no es evitar que los alumnos se expongan a temperaturas bajas o extremas.
Por un lado, se trata de un ahorro de costes operativos de las escuelas, pero también hay otras motivaciones económicas como la de permitir a los alumnos y a sus familias viajar a destinos turísticos.
De la escuela, las vacaciones invernales han saltado al ámbito judicial, en donde antaño solo se conocía un solo receso (en el mes de enero). Durante la feria judicial de julio los plazos procesales y las actuaciones se suspenden, excepto en aquellos asuntos en que los jueces han acordado la llamada «habilitación de feria».
Pero un feriado administrativo de dos semanas no se justifica de ninguna manera. Menos aún en una provincia en la que durante las vacaciones de invierno se produce un pico notable de actividades turísticas, recreativas y culturales.
¿Por qué entonces los funcionarios provinciales han huido de sus oficinas estos días? ¿A dónde se han ido a vacacionar? Conocer sus viajes, sus destinos y sus compañías, ¿no es algo que tenga que ver con el imperativo de transparencia y de ética pública?
Las monedas extranjeras que se necesitan para viajar afuera del país son cada vez más escasas y más caras. El gobierno nacional cada vez pone más obstáculos al libre desplazamiento de los ciudadanos al extranjero. ¿Qué explicación encontramos entonces para aquellos funcionarios que hasta hace solo unos días se encontraban enfundados en sus abrigos asistiendo a actos patrióticos y que súbitamente aparecen en carísimos lugares de veraneo de Europa y el Caribe?
El servicio público no se puede interrumpir. La tarea de gobernar no conoce de pausas ni de recesos para descansar.
