El trabajo de los presos no está pensado para abaratar la contratación de la mano de obra municipal (esta es la postura del Intendente de Orán), sino, al contrario, para procurarle al recluso unos ingresos que le permitan hacer frente a las consecuencias civiles de sus acciones pasadas, sostener a su familia, pagar algunos gastos que provoque en la cárcel y obtener una remuneración justa por su esfuerzo, como un trabajador cualquiera. Esta última es la postura de la ley 24.660 y de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
En opinión del Intendente Municipal de Orán, cada preso que coloca adoquines en sus peatonales es, o debería ser, un ente perennemente atormentado por la culpa, atenazado por su mala conciencia y cercado por sus propios fantasmas. Un alma perdida que solo podrá redimirse —y parcialmente— picando piedra al aire libre. Para el sistema legal nacional y las normas internacionales,
el preso que trabaja es un ser que se prepara para ejercer su libertad.
Con sus apresuradas y no bien meditadas declaraciones, el intendente
Baltasar Lara Gros no le ha hecho ningún favor a la Municipalidad de Orán (dibujada como un avaricioso aparato administrativo que solo quiere reducir el gasto de personal) y, desde luego, ningún favor a los presos. Y no solo a los que ha mandado a colocar adoquines, sino a todos. Porque los que siguen encerrados y no tienen la suerte de salir a embellecer las peatonales oranenses deben de ser muy perversos y deben de arrastrar una deuda con la sociedad tan enorme, que resulta imposible de saldar colocando piedras, previo arrepentimiento.
Por último, el Intendente Municipal no se ha hecho un favor a sí mismo, pues, muy probablemente sin querer, ha quedado retratado como
un ser deshumanizado que mira al universo penitenciario como a una magnífica cantera para reclutar trabajadores baratos, y no como lo que es, o debería ser, que es una gran maquinaria de reinserción y prevención de la reincidencia.
