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Imagen ilustrativa
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Según la misma web, el convenio tiene por objeto que los abogados y procuradores colegiados en Salta, así como los empleados del propio Colegio, puedan obtener un descuento del 15% en el precio de las consultas con la nutricionista firmante del acuerdo, y del 10% -un poquito menos- en la compra en planes mensuales de ocho «viandas saludables» del servicio de catering “Sabor y Salud” de comida saludable que la propia nutricionista elabora.



Acostumbrados a comer hamburguesas grasientas de pie, empanadas de dudosa procedencia y empanadillas de cayote que son verdaderas bombas de glucosa pintadas de inocente blanco, los avenegras salteños, gracias a la gestión del presidente de su colegio profesional, pueden ahora comprar mensualmente las «ocho viandas» con un moderado descuento, hayan o no consultado antes con la nutricionista.

Después de enterarse de la firma de este convenio, los abogados -especialmente los gordos amantes del fast food y la leche merengada- se han zambullido directamente en el texto de la ley provincial 5412 para intentar descubrir en cuál de sus endiablados 179 artículos encaja esta súbita «preocupación» del Consejo Directivo del Colegio de Abogados por la salud nutricional de sus matriculados.

Un letrado flaquito, de análisis impecables, cuyo nombre y número de matrícula ha pedido que se mantengan en reserva, recuerda que, según el artículo 128 de la ley citada, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta no es un club social, sino una persona jurídica pública no estatal, a la que -pa pior- la ley le ha efectuado una delegación transestructural, puntual y expresa, de cometidos públicos.

Flaquitos y gorditos coinciden en que el convenio con la nutricionista se aleja de forma notable de los cometidos institucionales que aparecen prolijamente enumerados en los 20 incisos del artículo 132 de la ley 5412 y en los 13 del artículo 152 de la misma ley.

En tal sentido, dicen, el señalamiento de una nutricionista en particular (de una sola), la exaltación de su negocio, la recomendación de sus consultas y de sus productos, por muy respetables y excelentes que sean, tienen toda la pinta de una operación de marketing direccionado que es impropia de una institución pública plural y diversa, como lo es el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, que debería preocuparse por la reacción de los otros nutricionistas y del colegio profesional que los agrupa.

Si, por la razón que fuese, el Consejo Directivo de la institución ha querido alumbrar con su convenio una nueva especialidad profesional, a la que se podría denominar «nutrición forense» (en el sentido de que la ciencia está destinada al «foro»), el profesional o la profesionala a la que le toque en suerte prestar el servicio, debería diseñar una dieta en base a alimentos beneficiosos para el cerebro, que es lo que parece que está haciendo falta.



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