Según estas informaciones -que citan fuentes del propio Ministerio de Turismo provincial- conexiones aéreas como las que vinculaban a Salta con las ciudades de San Pablo, Resistencia o San Carlos de Bariloche, que fueron anunciadas en su día con un enorme aparato mediático por el gobierno, han sido discontinuadas discretamente; es decir, sin grandes anuncios.
En Salta, por el contrario, y a pesar de la reducción de las frecuencias aéreas, el entusiasmo turístico sigue ocupando grandes espacios en la comunicación gubernamental, que solo habla de cifras crecientes de ocupación y de impacto económico, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia.
Tanto el turismo como la minería -las dos principales actividades que sostienen la economía de Salta- son potencialmente dañinas para el medio ambiente y aunque el gobierno hace esfuerzos por hablar de minería y de turismo «sostenible», en la práctica no hay ninguna medida que apunte en esta dirección.
Si algunas empresas mineras encuentran en Salta huecos regulatorios para poder contratar mano de obra ilegal, es fácil pensar lo que podrían llegar a hacer con las normas ambientales, que en tienen muchos menos controles. Con el turismo ocurre prácticamente lo mismo, porque es una de las actividades que más mano de obra informal (trabajadores no registrados) emplea, en toda una Provincia con escandalosos índices de trabajo en negro.
El turismo no es solo una víctima el calentamiento global: también contribuye al agravamiento del problema. Solo el turismo es el responsable del 8% de las emisiones mundiales de carbono. Año tras año más personas viajan hacia los destinos turísticos y la huella de carbono no para de crecer.
Todos nuestros desplazamientos turísticos, sin excepción, generan emisiones de carbono. Si bien los viajes en avión constituyen la mayor fuente de estas emisiones, otras actividades, como usar el aire acondicionado en los hoteles o dar un paseo en barco también producen CO2. Más allá de estas emisiones directas, el desarrollo turístico también puede provocar la liberación de CO2 al degradar los ecosistemas que actúan como sumideros de carbono.
El problema, por tanto, no es que los administradores del turismo del gobierno de Salta poco hagan por prevenir esta degradación global, sino más bien su forma obsesiva y materialista de promocionar a Salta como destino turístico y de fomentar los negocios privados, en un sistema en el que no se distingue claramente la línea que separa a los agentes estatales de emprendedores particulares.
Lo que el gobierno gasta en promoción turística por año no lo recupera, ni queriendo, con los impuestos que pagan los empresarios del turismo, que se benefician del dinero público y no socializan sus ganancias. El discurso y la práctica gubernamental deben cambiar radicalmente si se quiere evitar agravar la crisis ambiental, la del empleo y la de la vivienda.
Es hora, por tanto, de moderar el entusiasmo, básicamente para preservar a Salta como el espacio vital de sus habitantes, y luego, en un segundo momento, para evitar poner en riesgo a nuestras bellezas y atracciones. Si queremos cuidar de nuestros lugares más especiales, debemos desechar la idea del turismo masivo.
