De allí, probablemente, que el ministro con más poder entre todos los ministros sea ese circunspecto señor que se ocupa de las obras públicas.
Muy probablemente ha sido él quien ha inundado el discurso del Gobernador ante la Asamblea Legislativa con frases muy solemnes dedicadas a algo tan pedestre como las obras públicas. Explicaciones innecesarias, por supuesto.
A pesar de la crisis, los recortes y el alto nivel de endeudamiento, si nos dejamos guiar por el discurso del señor Camacho, hay recursos provinciales suficientes para las obras públicas («impostergables», dicen que son), pero no los hay para la educación (porque el gobierno provincial no va a suplir la caída del incentivo docente y está racaneando el aumento del salario de los maestros); tampoco para la salud, puesto que un decreto de necesidad y urgencia ya ha decidido hacer de pago la asistencia sanitaria para los extranjeros, y si uno quiere operarse, tiene que llevar al quirófano desde su casa los electrodos para la monitorización cardiaca, a ser posible, ya puestos. Y ni hablar de la cultura.
Es decir, «obras públicas über alles».
Si la ciudad de Salta no se llamara por su augusto nombre (el que a regañadientes nos legó el licenciado Lerma), debería llamarse Portland; pero no en honor a la bella y lluviosa ciudad del Estado de Oregon, sino en homenaje a la ingente cantidad de bolsas de cemento que el gobierno esparce por todo el territorio, para justificar su existencia y multiplicar los votos.
¿Qué dice la Constitución de Salta?
Pero ¿es constitucional esta preferencia excluyente por las obras públicas?La respuesta se halla en el último párrafo del artículo 68 de la Constitución de Salta, que contiene un mandato muy claro a los poderes públicos.
Dice así:
El tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes prioridades indicativas:
* Educación y Cultura.
* Salud Pública y Seguridad Social.
* Poderes del Estado y sus órganos.
* Obras Públicas.
Convendría aclarar, para aquellos que no entienden muy bien lo que significa «prioridad», que la Constitución de Salta habla de preferencia, preeminencia, preponderancia, prelación, primacía, superioridad, precedencia o antelación. Elija el intérprete el sustantivo que más le guste.
Es la Constitución la se encarga de decirnos (y se lo dice al gobierno) qué cosa es más importante en materia de gasto e inversión pública. Para destacar esta importancia, nuestra norma fundamental establece un orden decreciente de prioridades; un orden que la Constitución dice que es solo indicativo, pero no porque se pueda alterar, sino porque es posible agregar otras prioridades no enumeradas.
Entonces, a la cabeza, educación y cultura. A la cola, las obras públicas. Así de sencillo.
Las obras públicas son importantes, porque están en la Constitución; pero la propia Constitución nos dice que hay áreas de inversión y gasto que son más importantes. Y se debe respetar esta preferencia.
Estas prioridades no pueden ser alteradas a voluntad por el gobierno. Por tanto, si falta dinero para la educación o la salud, se debe gastar menos en los órganos de los poderes del Estado (en la burocracia) y menos todavía en las obras públicas. ¡Si hasta los burócratas son más importantes que las infraestructuras!
Lo que no se puede hacer es dejar de financiar la salud o recortar sus prestaciones para «asegurar» que se va a terminar un puente o una carretera. Eso no lo permite la Constitución. Por supuesto que es muy triste y que deprime ver una obra a medio construir, porque transmite una sensación de abandono y fracaso; pero es mucho más triste y dramático que la gente se muera por falta de medicamentos.
La Constitución tampoco permite a los gobernantes preocuparse más por el «buen final» de las obras públicas y al mismo tiempo marearle la perdiz a los maestros, a los médicos, a los policías. etc.
Sepa el ciudadano entonces que si el dinero no alcanza para todo, las obras públicas tendrán que ir a la cola, mal que le pese al poderoso señor Camacho.
