La injusticia que se esconde detrás de la crisis del agua en Salta

Llama mucho la atención que en estos días el agua falte en los hogares y que no haya habido quejas de parte de los grandes usuarios del recurso, como son las empresas industriales y las explotaciones mineras. ¿Por qué falta agua en las casas y no parece haber problemas serios de abastecimiento en las plantas en donde se fabrican bebidas gaseosas o se procesan los minerales?

Ante una situación de escasez aguda como la que estamos viviendo, es razonable pensar que todos deben soportar las restricciones, en la medida de sus posibilidades. Teniendo en cuenta de que el agua no sobra, jamás, es justo pensar que en casos muy extremos no se puede cortar el agua en determinados barrios cuando hay agua fluyendo en otros. No importa si son barrios pobres u opulentos. Si los cortes han de ser inevitables, tienen que soportarlos todos, para que todos puedan, en algún momento del día, tener agua.

Y si esto no fuese posible porque cada barrio se abastece de fuentes locales, es que la red de distribución es muy frágil y está muy mal diseñada, al no permitir el trasvase del líquido de unos barrios a otros.

En esta época del año, los propietarios de casas con piscina hacen un uso intensivo del agua, sin apenas controles por parte de la autoridad. El llenado de las piscinas no puede ser considerado un derecho, especialmente en medio de una crisis de abastecimiento de semejante magnitud.

Pero al lado de esto, la enorme mayoría de las piscinas privadas (las instaladas en casas particulares y en otros sitios como campings y gimnasios) no están preparadas para reciclar el agua de ningún modo, lo que obliga a que la única limpieza posible consista en el vaciado total de las piscinas y su relleno con agua limpia, lo que supone un derroche que no estamos en condiciones de permitirnos.

Las viviendas con piscina deberían ser las primeras en experimentar las restricciones, no para llevar a cabo un ajuste de cuentas con las clases más pudientes, sino por estrictas razones de justicia y de solidaridad.

También deberían colaborar las empresas industriales, las agrícolas, las ganaderas y especialmente las mineras, que presumen de estar viviendo una primavera pletórica de hallazgos y de productividad. Porque a veces es preferible perder una cosecha o postergar el procesamiento de lo extraído que condenar a decenas de miles de personas a no poder higienizarse o beber el agua que necesita para no perecer deshidratado.

Una crisis de esta envergadura no se soluciona con camiones cisterna. Se necesita previsión y esta pasa fundamentalmente por la estimación acertada del volumen de lluvia que se espera en la estación, el nivel de los embalses y la calidad de los acuíferos.

Y se necesitan obras, que el gobierno no puede acometer, no tanto porque le falten recursos para ello, sino porque confía en el carácter resignado y sumiso de una población medianamente acostumbrada a los rigores, que se queja poco.

Pero, como todo tiene un límite, la paciencia de los usuarios parece haberse acabado.

Y aunque esto parezca bueno, no lo es tanto, porque el agotamiento de la paciencia, en vez de discurrir por cauces racionales (exigiendo reuniones de debate con los responsables de la distribución del agua) ha tomado por el lado de los cortes de calles (que complican más que lo que resuelven) y el de las amenazas de querellas criminales, como si el castigo penal obrara el prodigio de hacer aparecer el agua allí donde no la hay.

Lamentablemente, hay personas muy bien intencionadas que creen que con una carta documento o con colocar en la Constitución una cláusula que consagre el derecho al agua van a acabar con el problema.

Pero los problemas de injusticia, de insolidaridad y de falta de gestión no se solucionan con normas sino con actitudes firmes en una dirección inequívoca: la equidad en la distribución de los beneficios del agua y la equitativa repercusión de las consecuencias negativas de su escasez.