Según el mismo comunicado, las presiones de los ruralistas salteños se producen «en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio».
Sostienen los activistas que los terratenientes (expresión que no permite saber si la agresión al medio ambiente ha sido perpetrada por propietarios de los inmuebles o si también se incluye en estos grupos a arrendatarios y usufructuarios de fincas) «desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas».
De concretarse este permiso, Greenpeace Argentina habla de «verdadero ecocidio» que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
Dice Greenpeace Argentina en su nota de prensa que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (finales de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la Provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves -dice GA- fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. El comunicado no duda en señalar al propietario de este inmueble, citándolo por su nombre y apellido, y destacando el hecho de que es integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña. De acuerdo con Greenpeace Argentina, el propietario de estas tierras obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial (el de Urtubey) para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
Greenpeace Argentina ha pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se garantice la “deforestación cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo plan de manejo de la especie, como lo dispone la ley nacional nº 25.463. Recuerda el comunicado de prensa que la misma la organización ecologista ha solicitado a los tribunales la suspensión cautelar de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
En su denuncia, la organización ambientalista no menciona el nombre de ningún funcionario del gobierno provincial ni da pistas sobre la forma en que la Sociedad Rural Salteña estaría ejerciendo presiones sobre el gobierno.
