Según la información oficial del gobierno de Salta, la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario ha resuelto pedir al Gobernador que declare el estado de emergencia o desastre agropecuariode las explotaciones que resultaron afectadas por los fuertes vientos del mes pasado.
La comisión recomienda que el plazo de vigencia de la emergencia se extienda desde el 15 de enero de 2026 hasta el 15 de enero de 2027, período considerado clave para la recuperación de las producciones, especialmente de banana, cultivo predominante en la zona y de ciclo anual.
Las autoridades han informado que una que el Gobernador decida firmar el decreto, se gestionará la homologación nacional para que los productores puedan acceder también a los beneficios impositivos a través del Ministerio de Economía de la Nación.
De acuerdo con la evaluación técnica, los vientos del pasado 21 de diciembre produjeron daños a 29 explotaciones, que abarcan 1.074 hectáreas de cultivos, y afectaciones en invernaderos y estructuras a otros 22 productores, con un total de 182,6 hectáreas comprometidas.
Teniendo en cuenta que en 2022 existían 1.622 hectáreas cultivadas y unas 802 ha bajo invernadero, se estima que el 70% de la superficie productiva y de la infraestructura resultó dañada.
Las pérdidas incluyen aproximadamente 750 mil cajones de banana, equivalentes a 15 mil toneladas de fruta, y un impacto económico estimado entre 11 mil y 15 mil millones de pesos, considerando el valor bruto de la producción.
A ello se suman otras pérdidas no contempladas en dicha estimación, como la recomposición de plantas, reconstrucción de invernaderos y las pérdidas en la producción futura.
El gobierno provincial ha informado también que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario avanzará en gestiones con entidades bancarias para generar líneas de financiamiento específicas, con tasas accesibles, que permitan a los productores recomponer los daños y volver a poner en valor sus campos.
Una vez declarada la emergencia, cada productor afectado deberá presentar su formulario individual de declaración, requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos en el marco del decreto provincial y su posterior homologación nacional.
