El gobierno no ha cuantificado sin embargo el dinero público que gastará con el objetivo de intervenir en las relaciones libres de mercado, que es algo que no le compete, y que en principio solo apunta a beneficiar a comerciantes y al banco que financia los gastos del gobierno.
La parte más jugosa de la información oficial es la que dice que, si bien el consumidor no pagará intereses, el coste financiero de las compras con pago aplazado de Black Friday «está a cargo del Gobierno y del Banco Macro».
La sinceridad informativa del gobierno parece confirmar que no serán los consumidores los principales beneficiados de esta campaña de compras, sino los comerciantes, y en cierta medida el banco que intermedia las operaciones.
Pero hasta que se pueda saber con certeza quiénes son los verdaderos beneficiarios, lo único que está claro por el momento es que el gran perdedor es el gobierno, que a cambio de nada favorece el negocio de los comerciantes y paga una parte importante del coste financiero al banco que emite las tarjetas.
Aparecen como protagonistas y principales impulsores de esta tan peculiar iniciativa los señores Diego Dorigato, secretario de Ingresos Públicos del gobierno provincial de Salta, y Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esta misma provincia.
