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  • Retención indebida y omisión de deberes
  • El Intendente Municipal de la localidad de La Merced, señor Javier Wayar, y tres concejales de la Municipalidad local han sido imputados por la autoridad fiscal competente de los delitos de retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
Javier Wayar, Intendente de La Merced
Javier Wayar, Intendente de La Merced

El procedimiento se inició por denuncia que formulara el presidente del Concejo Deliberante de La Merced, señor Horacio Santiago Huerga, que recayó en el escritorio de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, señora Ana Inés Salinas Odorisio.



En relación a la presunta comisión de un delito de retención indebida, la investigación realizada por los fiscales ha puesto de manifiesto la existencia presunta de irregularidades en las transferencias que el departamento ejecutivo local debió efectuar al Concejo Deliberante. Según la información oficial del sitio web de los fiscales penales de Salta, estas transferencias corresponden a los periodos de diciembre de 2019, enero a julio de 2020 y septiembre de 2020.

En el mismo sitio web informa que, en los periodos citados, el intendente Wayar habría transferido dinero al Concejo Deliberante, pero en una cuantía inferior a la que correspondía, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019).

Añade la misma información que «De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced».

En relación a la presunta comisión del delito de peculado, dice la información fiscal que, de la investigación realizada por el CIF surgió, que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias por 57.081 pesos cada una, a las cuentas de tres concejales involucrados.


Finalmente, la imputación del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público por parte del intendente Wayar está relacionada con la firma de la Resolución 535/21, que aprobó contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad”. La tramitación de estos instrumentos habría omitido -según los investigadores fiscales- los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, que instaura el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario, n° 1319/18.

La información fiscal dice que se ha celebrado la correspondiente audiencia de imputación a la que han acudido tanto el Intendente como los tres concejales acusados de peculado. Todos ellos se presentaron asistidos por abogados particulares y ejercieron su derecho a no declarar, bajo reserva de ejercer su defensa por escrito.

No se conoce hasta el momento que la fiscal encargada del sumario penal haya solicitado -ni que el Juez de Garantías competente las haya acordado- medidas cautelares en relación a los cuatro imputados.



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