Esta vez, tres personas han sido acusadas formalmente en sede penal por haberse apropiado de forma indebida de nada menos que de 57.000 litros del líquido elemento.
La fiscal penal de Cafayate, señora Sandra Rojas, ha imputado provisionalmente los delitos de retención indebida y defraudación por supresión, en calidad de autor y partícipe primario, a un hombre de 48 años y una mujer de 47, respectivamente.
A una tercera persona –un varón de 65 años– se le ha imputado un el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en calidad de autor.
La denuncia fue formulada por el apoderado de una sociedad anónima que explotaba una finca vitivinícola ubicada en el Departamento de Cafayate. En el lugar funcionaba una bodega destinada a la producción y fraccionamiento de vinos, registrada ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Según lo denunciado, la sociedad vendió en distintas etapas fracciones del inmueble al principal acusado, quien, tras una serie de operaciones celebradas entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, pasó a ser titular del 98,85 % del catastro. La bodega, sin embargo, seguía siendo utilizada por la firma, que conservó el 1,15 % restante durante aproximadamente dos años, periodo en el cual continuó elaborando vino propio y de terceros, conforme a la normativa vigente. Transcurrido los dos años, la sociedad vendió la fracción restante del inmueble al mismo comprador. Al momento de concretarse la operación, permanecían almacenados en la bodega cerca de 57.000 litros de vino, propiedad de la firma y de terceros, correctamente registrados ante el INV con sus datos de cosecha, viñedos y varietales.
De acuerdo con la denuncia, el acusado tenía pleno conocimiento de esa situación y del compromiso asumido para permitir el retiro del vino, pero llegado el momento se negó a entregarlo, alegando que, al haber adquirido el inmueble rural, también se le transfería la titularidad del producto almacenado.
El apoderado de la firma sostuvo que esa interpretación era incorrecta, ya que la normativa del INV exige, para la transferencia de bodegas y plantas de fraccionamiento, el cumplimiento de una serie de requisitos como la solicitud de baja, conformidad de partes y presentación de un inventario de traspaso, todo lo cual no habría ocurrido en este caso.
Además, se denunció que el INV – Delegación Cafayate modificó los registros de titularidad del vino de manera unilateral, sin mediar el procedimiento requerido, beneficiando al nuevo propietario.
La Fiscal de Cafayate consideró que la participación de la mujer imputada fue determinante, ya que, en su rol de técnica enóloga de la bodega del acusado, habría gestionado ante el INV el cambio de titularidad del producto, a sabiendas de que el vino se encontraba registrado a nombre de la sociedad denunciante.
Respecto del funcionario público imputado, titular de la Delegación Cafayate del INV, se le atribuye haber autorizado el cambio de titularidad en los sistemas del organismo sin los recaudos técnicos y legales correspondientes, actuando presuntamente de manera dolosa para favorecer a los otros dos imputados.
Durante la audiencia de imputación que se celebró en el Juzgado de Garantías de turno, el principal acusado se abstuvo de declarar, mientras que los otros dos imputados dieron su versión de los hechos.
